Proyecto de Ley de Urgente Consideración: Resolución de la XX Convención

Visto el tratamiento en el parlamento del Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobado en el Senado y su ingreso a la Cámara de Representantes, la XX Convención de ADUR declara que:

Ha sido absolutamente inoportuno y desafortunado someter el Proyecto de Ley a tratamiento parlamentario en una situación de emergencia sanitaria y medidas de aislamiento social. Dicha situación ha impedido el funcionamiento adecuado de las comisiones parlamentarias, delegaciones asesoras y consultivas, así como ha hecho particularmente difícil la participación de la sociedad civil y la posibilidad de que 

todos/as los/as ciudadanos/as participemos en su debate. 

Ingresar este proyecto en un contexto en que amplios sectores no pueden movilizarse debido a las medidas de aislamiento social, lesiona la convivencia democrática y la apertura respetuosa a la expresión de las diferentes posturas existentes en la sociedad.

La situación es agravada doblemente teniendo en cuenta que la extensión y el volumen del Proyecto de Ley remitido superan ampliamente el espíritu constitucional sobre qué es una ley de urgencia, incluyendo 11 Secciones y más de 400 artículos.

El proyecto de LUC contiene una serie de medidas que, a nuestro juicio, tienen marcadas consecuencias negativas en relación a: las libertades públicas, el sistema educativo, las empresas públicas, las comunicaciones, el acceso a la información pública, la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario y el medio ambiente. Sus posibles efectos han suscitado la preocupación y el rechazo de amplios sectores de la sociedad. En caso de aprobación de la Ley, muchas libertades se verán restringidas y se generará un desequilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo en deterioro de la capacidad legislativa. 

En cuanto a su contenido, destacamos algunos aspectos medulares:

Educación

Los artículos referidos a “Educación” concentran en el Poder Ejecutivo (MEC) buena parte de las funciones que hoy cumplen los Entes Autónomos, eliminan el Sistema Nacional de Educación Pública, disminuyen la participación de la UdelaR en órganos de coordinación, debilitan la participación del Congreso Nacional de Educación y aumentan la injerencia de instituciones de enseñanza privadas sobre los temas de Educación Nacional. Asimismo, debilitan la responsabilidad del Estado en la Educación de la Primera Infancia.

Como Universidad pública, autónoma y cogobernada no podemos aceptar que la misma sea gestionada como una mera empresa productora de mercancía, violentando los principios básicos consagrados en su Ley Orgánica, expresados en las tres funciones esenciales universitarias a saber: enseñanza, investigación y extensión. 

Seguridad Pública

Entendemos que los contenidos referidos a la seguridad ciudadana son en general regresivos en materia de derechos humanos y contrarios a la legislación nacional vigente, a la normativa internacional y a las recomendaciones de investigadores/as y académicos/as en la materia, incluida la relatoría de la ONU al respecto. Dentro de los aspectos más preocupantes se encuentran la erosión de las garantías ciudadanas, propias de un Estado de Derecho en diferentes aspectos, a saber: propiciar la violencia estatal e institucional, ampliar las facultades de la Policía y relajar los controles a los que debe someterse, abrir la puerta a detenciones arbitrarias y creación del delito de agravio a la autoridad policial, restringir el derecho a huelga y el derecho a la manifestación en espacios públicos.

Dicho articulado podría generar la criminalización de la protesta, lo que atenta contra nuestros derechos como trabajadores/as de la educación al limitar las posibilidades de enunciabilidad y las libertades sindicales.  

Economía y Empresas Públicas

Entendemos que avanzar sobre una institucionalidad fiscal fuerte es algo bueno y oportuno. Sin embargo, este proyecto propone un cambio en la regla fiscal existente pero no otorga ningún tipo de garantías: respecto a su metodología (que queda a determinación del MEF y de un “Consejo Fiscal Asesor” a determinación del mismo organismo), respecto a su efectividad (ya que no tiene capacidad de poner límites al Poder Ejecutivo) y respecto a los rubros a los que se aplicará el tope de gastos. 

El capítulo referido a “Libertad Financiera” modifica aspectos en los que se ha logrado avances importantes en cuanto a su regulación y en cuanto a derechos adquiridos en los últimos tiempos. Es contrario a todas las recomendaciones internacionales hacia la transparencia y trazabilidad de las transacciones para el combate al lavado de activos. Podría afectar negativamente el acceso a servicios financieros regulados por parte de la población de menores ingresos así como incentivar el aumento de la informalidad y contribuir al deterioro de la calidad del empleo de la economía. 

Áreas Protegidas

Los cambios previstos en el proyecto de LUC tendrían un impacto negativo directo sobre el desarrollo futuro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con grandes dificultades para incrementar su superficie debido a la mayor complejidad para incorporar predios privados, así como su gestión a nivel municipal. Esto debilitará la principal infraestructura nacional para la conservación de la biodiversidad autóctona en sentido contrario de las tendencias globales de incrementar el porcentaje de áreas protegidas a nivel nacional. Por otra parte, se transfiere las competencias de gestión de varios ecosistemas, como los bosques, del MVOTMA al MGAP.

Sector Agropecuario

Los aspectos de la LUC referidos al sector agropecuario, como por ejemplo el capítulo referido al Instituto Nacional de Colonización, mantienen la misma lógica de otras secciones al reducir la presencia del Estado, apuntando a la defensa de intereses particulares con menoscabo del interés general.

Por todo lo anterior, la XX Convención de ADUR:

• Rechaza el articulado de la LUC por su forma y su contenido, recalcando la necesidad de discutir temas de esta importancia en los ámbitos correspondientes y con la más amplia participación.
• Exhorta a la cámara de representantes y a la asamblea general a retirar el rótulo de urgente consideración, posibilitando así un tratamiento acorde la coyuntura y a sus contenidos, tan amplios como profundos. 
• Propone la convocatoria de un órgano social consultivo que permita convocar y discutir en el más amplio espectro de la sociedad temas de tanta importancia.
• Insta a la sociedad toda a velar por el cumplimiento de las garantías democráticas y la defensa de las mejores tradiciones de nuestro país.