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Emergencia social, ciencia y Universidad: resolución de la XX Convención de ADUR

 

La XX aprueba en general el informe “Coyuntura, ciencia y Universidad”, y en base al mismo resuelve expresar las siguientes consideraciones y propuestas:

 

1) La emergencia sanitaria y social requiere mayor y mejor atención

La crisis del Covid19 puso de manifiesto muchas de las desigualdades preexistentes en la economía uruguaya, tales como: niveles y estabilidad de ingresos, posibilidad de recurrir a ahorros, condiciones de vivienda, acceso a la protección social. Entendemos que, tal como se ha hecho en muchos países, es necesario recurrir a medidas más potentes de protección al empleo y transferencias a la población más vulnerable, más potentes que las que han sido hasta el momento implementadas en nuestro país, superando también esquemas estigmatizantes y potencialmente clientelares. A la vez, los costos de la crisis han estado desigualmente distribuidos entre la población; por ejemplo solo se recurrió a esquemas tributarios orientados a los funcionarios públicos de ingresos más altos (20% de las personas de mayor nivel salarial) obviando el aporte de trabajadores privados, pero también el de empresas y otros sectores de la población con capacidad contributiva. Los propios trabajadores formales e informales están pagando un costo muy alto medido en seguro de paro, desempleo, o actividad reducida. Es importante que la sociedad sea solidaria y afronte de manera conjunta los efectos de la crisis, y no que la misma recaiga sobre los hombros de los sectores más vulnerables.

2) La crisis sanitaria y económica evidencia como nunca antes la importancia de la ciencia y la Universidad pública

La educación universitaria y la creación científica y cultural no pueden reducirse a fines utilitarios inmediatos; realiza aportes y tiene efectos en plazos cortos,  medianos y largos, y contribuye de formas muy diversas a la sociedad en su conjunto y a las personas individualmente. Aún así, la crisis sanitaria y socioeconómica ha puesto de manifiesto la importancia de Universidad de la República y del sistema científico de nuestro país, y más en general de los sistemas públicos de educación, salud y de políticas sociales, que han sido claves en la respuesta que nuestra sociedad ha podido desplegar para mitigar los efectos de la pandemia y la emergencia social. Mirando específicamente el caso de la Universidad, los ejemplos son muy numerosos, y van desde el desarrollo en tiempos muy breves de un kit diagnóstico del Covid-19 adaptado a las necesidades de nuestro sistema de salud, el montaje en poco tiempo de centros de diagnóstico en el interior del país, así como numerosos y diversos aportes en todos los campos de conocimiento involucrados en la comprensión y atención a la pandemia, la crisis socio económica y los múltiples efectos de ambas en los planos sanitario, psicosocial, económico, educativo, etcétera. 

En este marco se debe destacar también el aporte de los/as docentes universitarios/as en tareas asistenciales, divulgativas y extensionistas en múltiples áreas, así como en el ingente esfuerzo por sostener los cursos en plataformas virtuales, desplegando diversas estrategias, dispositivos y mecanismos que han permitido estar cerca de los/as estudiantes, y continuar con casi todos los cursos, aún en las condiciones de distanciamiento físico. En muchos casos este trabajo se ha realizado en condiciones adversas, por doble sobrecarga: en la transición a la virtualidad de los cursos y en las tareas de cuidados, las cuales tienen una distribución de género desigual y afectan sobre todo a un gran número de docentes mujeres (que en la UdelaR son el 60% de los cargos docentes Grado 1 y 2).

La pandemia ha puesto en evidencia como nunca antes la importancia de contar con políticas estables y robustas de desarrollo de la ciencia y con un sistema universitario público, autónomo y coordinado, comprometido socialmente. Esto es fundamental para una estrategia de desarrollo integral, soberano y democrático, orientadas al bienestar general y no a la mercantilización de la ciencia, que sea capaz de formular, proyectar, ensayar y sostener líneas de trabajo e investigación estables en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno nacional.

En este sentido, las señales que ha dado el Poder Ejecutivo al sistema científico y universitario son muy preocupantes. Más allá de aspectos declarativos, o del importante papel que ha jugado en la gestión de la pandemia el Grupo Asesor Científico Honorario, existen acciones que han despertado el rechazo de la comunidad científica y universitaria, como los recortes de 15% de gastos producidos por el Decreto 90/20, o los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que afectan a la UdelaR, al sistema educativo público y su capacidad de coordinación interna, y a la autonomía de la educación como principio rector consagrado constitucionalmente. De consolidarse estas acciones como tendencias en el mediano plazo, el daño sería muy grande, generando efectos de deterioro de las capacidades nacionales en educación y en creación de conocimiento que luego serán muy difíciles de revertir.

3) Fortalecer la Universidad pública y la ciencia, además de necesario, es posible

Existen diversos instrumentos que podrían permitir apoyar el presupuesto del sistema científico y universitario. Esto aún en la situación de crisis económica, y con más urgencia todavía en tanto la ciencia y la educación constituyen componentes esenciales de una estrategia de atención a la emergencia sanitaria y social, y a la recuperación y crecimiento sostenido del país. A modo de ejemplo, entre otros instrumentos:

 

a) Las empresas públicas, y el sector público en general, están llamados a jugar un rol fundamental en la articulación de esfuerzos interinstitucionales y el financiamiento sostenido de la investigación y la innovación al servicio de las soluciones a los problemas del país en las más variadas áreas: productiva, salud pública, desarrollo social, cultural, derechos humanos, etcétera. Se trata de una estrategia de desarrollo cuya viabilidad y virtudes han sido probadas por la experiencia internacional, y que en nuestro país ha tenido un desarrollo aún muy incipiente, pero que ya ha dado algunos resultados exitosos tanto en la formación y retención de personas especializadas, como en la generación de conocimientos que han beneficiado directamente a las propias empresas e instituciones participantes.

b) Es posible incrementar sustancialmente la recaudación del impuesto al patrimonio a las personas físicas eliminando las perforaciones que actualmente tiene y volviendo las tasas del gravamen a su nivel original, y esto se podría lograr sin afectar el mínimo no imponible del impuesto.

c) Otra estrategia impositiva que permitiría incrementar la recaudación es la generación de un impuesto a la herencia. Se trata de un instrumento menor para el presupuesto del Estado (menos del 0.5% del PIB), pero significativo para contribuir al financiamiento de la educación pública.

d) Otra alternativa para incrementar la recaudación puede generarse en base a la eliminación de la reducción en el pago de contribución inmobiliaria rural para predios de menos de 1000 hectáreas. Es importante notar que el límite de 1000 hectáreas puede asociarse a un valor del predio de aproximadamente tres millones de dólares.

e) El art. 69 de la Constitución exonera de impuestos a las organizaciones religiosas y de la educación privada, y en base a una interpretación dudosa de dicho artículo adicionalmente se las ha exonerado de los aportes patronales (exoneración de la que no gozan la Udelar, la UTEC y la ANEP). A su vez, las empresas pueden obtener exoneraciones tributaria vía donaciones a instituciones educativas públicas y privadas, lo cual desplaza la definición del destino del gasto público desde el parlamento a las empresas privadas. Eliminar estas últimas exoneraciones es posible, y también permitiría incrementar el apoyo a la educación pública y el sistema científico.

f) Otro mecanismo que permitiría incrementar la recaudación es eliminar las devoluciones de las contribuciones realizadas al FONASA. Por definición quienes obtienen estos beneficios son las personas de mayores ingresos, esta renuncia fiscal representa, aproximadamente, el 0.3% del PIB.

Por los argumentos expuestos, están dadas las condiciones para implementar modificaciones en el sistema tributario que permitan al sector público incrementar significativamente la recaudación, sin acentuar la fase recesiva que transita la economía y contribuyendo a una mejoría de la distribución del ingreso y la riqueza.

Transitar o no por estos caminos se trata de una decisión de orden político, y no de la respuesta a un destino inexorable exterior a la deliberación democrática.

Por todo lo anterior, la XX Convención de ADUR:

  • Reafirma el compromiso de los/as docentes de la UdelaR en el desarrollo pleno de la investigación, la extensión y la enseñanza al servicio del fortalecimiento cultural y democrático de nuestra sociedad.

  • Expresa su preocupación por el carácter insuficiente de las políticas y recursos volcados a atender la situación de los sectores de la sociedad que sufren en mayor medida los efectos de la emergencia social.

  • Sostiene que en esta coyuntura es necesario aumentar los ingresos de la población vulnerable, y demanda expandir sustancialmente la cobertura de los esquemas existentes, financiando estas transferencias con esquemas tributarios progresivos sobre la renta y la riqueza

  • Expresa su preocupación por las decisiones políticas desarrolladas hasta el momento para financiar el Fondo Coronavirus y la atención a la emergencia social, en las que se evidencia una tendencia de debilitamiento de los servicios públicos, una orientación pro-mercado, una tendencia al ajuste en los salarios y una exoneración a los sectores del gran capital en la contribución a la medida de sus posibilidades a la atención a la crisis.

  • Alerta sobre los graves efectos que tendría afectar el presupuesto del sistema científico y de la Universidad pública, desarticulando construcciones de largo aliento, favoreciendo la migración de docentes al exterior, debilitando la capacidad de respuesta de nuestras instituciones y comprometiendo el futuro de nuestro país.

  • Exige al Poder Ejecutivo que deje sin efecto los descuentos del Decreto 90/20 que afectan actualmente al sistema científico y universitario.

  • Reafirma que el incremento presupuestal a la ciencia y la educación pública no sólo es necesario sino también es posible, y que existen diversos instrumentos y mecanismos para ello.

  • Reafirma su compromiso en movilizar ideas, propuestas y acciones orientadas a la defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura para contribuir a forjar un país más justo, democrático y con mayor bienestar social.

Montevideo, 13 de junio de 2020

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