Extracto XIII Convención de ADUR 10 de Setiembre 2011.

 

Gratuidad de los posgrados

            El segundo punto en el orden del día de la Convención era la gratuidad de los posgrados y cómo plasmar esa cuestión en la nueva Ley Orgánica. Al respecto, se presentaron dos mociones: una de ADUR-OCE y otra de ADFI.

La de ADUR-OCE fue modificada en relación a la que originalmente se había propuesto y distribuido desde ese centro, quedando redactada de la siguiente manera: “Esta Convención reivindica el mantenimiento del artículo 66 de la actual Ley Orgánica y apoya la gratuidad de los estudios universitarios en todos sus niveles, como requisito para el desarrollo de una Universidad abierta que brinde posibilidades de acceso a la Educación Superior para la mayoría de los jóvenes del país y contribuya a la generalización de la enseñanza terciaria. Partiendo de esta premisa general y teniendo en cuenta que el cobro de los posgrados responde a cuestiones de viabilidad económica para cumplir con los requerimientos que el país tiene en torno a la formación de recursos humanos para el desarrollo nacional, se propone habilitar temporalmente ciertos márgenes de flexibilidad en relación al cobro de los posgrados, hasta tanto puedan ser asumidos presupuestalmente por la institución. En este sentido se propone: buscar una redacción de la nueva Ley Orgánica que contemple la situación actual sin perpetuarla y generar en el corto plazo una discusión que conduzca a la implementación de las acciones necesarias para alcanzar la gratuidad de los posgrados, tal y como siempre ha estado en el horizonte de la educación de nuestro país”.

En tanto, la moción presentada desde Ingeniería establecía que “Esta Convención apoya el mantenimiento de la gratuidad de los estudios de grado universitario. En relación al polémico tema del cobro de los posgrados, ADUR considera que es un tema abierto en la Institución y que es conveniente que no quede cerrado por la vía legal. En este sentido, se apoya la idea de buscar una redacción en la nueva Ley Orgánica que permita el nivel de flexibilidad que hoy existe en relación al tema.” [1]

Carlos Santos (Oficinas Centrales) destacó que la modificación realizada a la moción original de su centro respondió a planteos recibidos en el Consejo Federal de ADUR y manifestó que la habilitación transitoria al cobro de posgrados que se plantea obedece a una cuestión de viabilidad y no de principios.

            Nicolás Wschebor (Ingeniería) expresó que, con su modificación, el texto de ADUR-OCE da cuenta de la realidad actual de la Universidad pero que, contrariamente a lo que de él se desprendería, el fenómeno de los posgrados no estaría más que expandiéndose en la institución, por lo que tampoco sería viable plantearse que en un horizonte cercano todos ellos se puedan financiar con fondos presupuestales.

Además, planteó otra cuestión: la de si sería deseable que los posgrados se financiaran con esos fondos. Según N. Wschebor, en ADFI no existe una única posición al respecto. Como ejemplo, mencionó que no sería razonable financiar posgrados como el de gestión de empresas (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración), cuyos mayores beneficiarios son los propios usuarios.

Dado que la discusión sobre el punto no estaría madura en la Universidad, desde ADFI se entiende que el texto legal no debería pronunciarse ni en un sentido ni en otro. Además, el hecho de que un posgrado fuera gratuito no implicaría necesariamente mayores probabilidades de que una persona lo cursara, partiendo de la base de que quien cursa un posgrado tiene, además, un trabajo que ocupa buena parte de su tiempo. En cambio, se debería dar mayor desarrollo a otros instrumentos como al sistema de becas para determinadas Maestrías o Doctorados. 

Discusión del punto

            Walter Ferrer (Ciencias) expresó su posición personal a favor de la moción de ADUR-OCE. Consideró que con la actual normativa[2] no se deberían cobrar los posgrados. En este sentido, recordó que la fundamentación para hacerlo se basa en una interpretación muy particular por la cual quienes cursan estudios de posgrados no son considerados estudiantes.

            Ferrer se refirió, además, a otros argumentos que se usan para justificar el cobro de los posgrados. Llamó la atención sobre el hecho de que, al querer evitar que los estudiantes cursen sus posgrados en las universidades privadas, es la propia Universidad de la República la que privatiza.

            Por otra parte, el argumento de la falta de financiación también podría aplicarse a estudios de grado que hoy se brindan de manera gratuita. Vinculada a esa falta de financiación, resaltó la ausencia de propuestas que deberían llegar al nivel central para la asignación de fondos para posgrados.

            Ferrer destacó también que el argumento del beneficio individual para aquellas personas que realizan los posgrados- en especial, un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo- podría aplicarse a quienes realizan estudios de grado y no por eso estos últimos dejan de ser gratuitos. Resaltó además que, en todo caso, se debería cobrar a partir de lo que una persona gana y no a partir de lo que una persona podría ganar.

            Por último, el convencional expresó que, al cobrar los posgrados, la Universidad ya está seleccionando entre aquellos mejor posicionados desde el punto de vista social.

            Paribanu Freitas (Psicología) se manifestó en la misma línea de Ferrer, problematizando algunos aspectos de la moción de ADFI, relacionando el supuesto de que los conocimientos enriquecen al individuo con las políticas educativas y de trabajo de una sociedad. Contrapuso la concepción liberal a ultranza- la educación al servicio de la integración al mercado de trabajo en el marco de un mundo competitivo- con la desarrollista, que no interpela al modo de producción capitalista, y con la socialista. Partiendo de la base de que actualmente no hay condiciones para un modelo socialista en el país, en la Universidad se podría llegar al acuerdo en torno a un modelo desarrollista en lo académico y en lo profesional, entendidos estos últimos como campos que aportan al desarrollo nacional.

            Freitas destacó que desde ese punto de vista desarrollista el país no tiene profesionales que satisfagan las necesidades del mercado de trabajo. Por lo tanto, la gratuidad en lo profesional también sería necesaria para aportar al desarrollo del país en su conjunto, no debiendo caer el peso de la financiación de esa formación ni en la Universidad ni en los sujetos individuales: hay que exigirle a otros actores preocupados por el desarrollo nacional una mayor inversión en la Universidad.

            Continuando con las intervenciones, Laura Coitiño informó que ADUR Ciencias aún no tiene una posición de centro en relación al cobro de los posgrados en la Universidad. Sí hay acuerdo en torno a que los posgrados deben ser parte de la vida normal de la institución y a que, dentro de la Facultad de Ciencias, los posgrados deben ser gratuitos.

            Coitiño destacó que, desde ADUR Ciencias, se pretende la generalización de los posgrados en todas las áreas de la Universidad- para lo cual se requiere de acompañamiento y una mayor inversión de la institución- y que no se tiene claro si el tema debe quedar zanjado en la Ley Orgánica, ya que no se quiere desarticular lo que hoy está funcionando. Por otra parte, la convencional resaltó que no hay claridad en la política de otorgamiento de becas de la institución en las áreas de generación de conocimiento.

            Por su parte, Gabriel Usera (Ingeniería) consideró que no se debe laudar en la Ley Orgánica un tema que no está laudado en la Universidad. Destacó que lo que hoy habilita al cobro de posgrados es una resolución del CDC tomada en ese sentido y que no habría forma de seguir ofreciendo buena parte de los posgrados actuales si estos pasaran a ser gratuitos.

            Usera expresó que se debe garantizar el acceso universal a la educación y consideró que hoy la Universidad no está logrando ese objetivo. A título personal, manifestó su convicción de que la gratuidad no garantiza ese acceso universal. Aún más, la gratuidad ni siquiera jugaría a favor de este objetivo en el caso de los posgrados sino que terminaría beneficiando a los sectores más favorecidos de la sociedad.

            El convencional se refirió, además, a los estudios que se han llevado adelante en la Facultad de Ingeniería y que marcan que el factor preponderante para que un estudiante tenga éxito en sus cursos universitarios es el hecho de pertenecer a familias donde ya hay universitarios. Es en este marco que la Universidad debería actuar de mejor manera para lograr el acceso universal. En particular, Usera se pronunció a favor del cobro y del otorgamiento de becas.

            Desde el mismo centro, Patricia Lema destacó que los recursos con que se cuenta para atender la enseñanza de grado y la de posgrado son finitos[3] y defendió la posición de no laudar el tema en la Ley Orgánica.

            Por otra parte, Mauricio Guillermo (Ciencias) expresó su posición a favor de la moción de ADUR-OCE. Destacó que el eje de la discusión está en el lugar en la economía que ocupa la Universidad y que, en ese marco, la educación- así como la salud- debe ser considerada como un sector en el que se debe dar una disociación entre el usuario y el que paga, en pos de justicia social. También manifestó que es cierto que la gratuidad no implica un mayor acceso a la educación pero tampoco lo contrario y que no hay certeza de que cobrando se mejorará la situación actual.

            De manera similar, Alejandro Casas (Ciencias Sociales) opinó que la gratuidad es condición necesaria pero no suficiente y expresó su acuerdo con dar la señal política de ratificar el espíritu que aparece en la Ley Orgánica actual, estableciendo plazos y mecanismos para recuperar la gratuidad de los posgrados.        

            A su vez, Melissa Ardanche (Oficinas Centrales) destacó que la intención de ADUR-OCE fue la de acercar posiciones, en el marco de una concepción que entiende a la gratuidad como principio general.[4] De acuerdo a Ardanche, la moción contempla la situación actual pero no pretende perpetuarla. Luego de su tratamiento en la Convención, el tema debería pasar al Ejecutivo y al Federal de ADUR[5] para generar un espacio de trabajo permanente para su discusión, que incluya actores a nivel nacional.

            Las últimas intervenciones sobre este asunto estuvieron a cargo de dos delegados de ADUR Veterinaria: Alejandro Bielli y Clara Larocca.

            Bielli destacó lo positivo de discutir el tema, aunque la mayor parte de los aspectos manejados en la discusión no deberían figurar en la nueva Ley Orgánica. Para el convencional, la gratuidad no es más que un medio para lograr el acceso universal a la educación pero en algunos casos es aplicable y en otros no. En cuanto a la segunda parte del planteo de ADUR-OCE, opinó que alcanzar la gratuidad de los posgrados no puede ser un objetivo en el mediano plazo. Además, a la moción a aprobar debería agregársele una referencia a la necesidad de una mayor cantidad de becas y recursos en general para los posgrados. Bielli destacó la relevancia de cómo la Universidad distribuye sus recursos y expresó que, a nivel del cogobierno, parecería haber cierto desinterés en brindar más recursos a los posgrados.

            Por último, Larocca destacó que el cobro de los posgrados los hace accesibles solo a determinados sectores y que en 1958 se peleó para que la Universidad fuera autónoma, cogobernada y gratuita.

Cierre de la sesión

            Luego del intercambio de opiniones sobre la gratuidad de los posgrados, la Mesa de la Convención subrayó la necesidad de fijar una nueva fecha para su realización, en función de la necesidad de continuar la discusión y tomar resoluciones sobre los temas que se llegaron a discutir en esta instancia y los que quedaron pendientes.[6] En este sentido, se acuerda la realización de una nueva instancia de la Convención para el 29 de octubre.

           

Extracto XIII Convención 29 de Octubre 2011.

Después de la pausa prevista para el almuerzo, Fabiana Pezzani informó que el número de convencionales había bajado a 60, por lo que la posibilidad de llegar al quórum se había alejado. En virtud de esto y antes de levantar la sesión, la integrante del Ejecutivo realizó un repaso de lo resuelto en esta instancia y recordó los puntos que se postergaron y la necesidad de contar con propuestas para la integración de la futura Comisión Ejecutiva. En cuanto a la cuestión de la gratuidad de los posgrados, recordó las dos mociones presentadas (una de la delegación de Oficinas Centrales y otra de la delegación de Ingeniería) e informó que el Ejecutivo buscará concretar una tercer propuesta.

 

[1]    No se reproduce la fundamentación de la moción que fue repartida por razones de espacio.

[2]    Art. 66 de la Ley Orgánica: “Gratuidad de la enseñanza: La enseñanza universitaria oficial es gratuita. Los estudiantes que cursen sus estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la República no pagaran derechos de matrículas, exámenes ni ningún otro derecho universitario. Los títulos y certificados de estudio que otorgue la Universidad de la República se expenderán gratuitamente libres del pago de todo derecho.”

[3]    En particular, se refirió a las carencias presupuestales de las carreras de Química, Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, que poseen costos importantes, por ejemplo, en la realización de prácticas.

[4]    Ante una pregunta de Ardanche a la delegación de ADFI, N. Wschebor expresó que un principio general no tiene por qué aplicarse a todos los casos particulares.

[5]    Pezzani recordó que ya hubo un Consejo Federal ampliado sobre el tema y que ADUR no ha estado ajena a la discusión.

[6]    En particular, la Mesa destacó que es necesaria una reforma de estatutos para permitir la elección de la nueva Comisión Ejecutiva en la Convención y expresó su preocupación por el hecho de que actualmente se cuenta con apenas tres candidatos propuestos cuando se requieren al menos siete titulares.

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