RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE ADUR SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA.

 

Mario Wschebor

Abril de 2011

1.  ¿Cuales deberían ser, a su criterio, las principales características de la institución que paulatinamente emergería de la aplicación de la nueva ley?

RESPUESTA.

Se trata, naturalmente, de una pregunta muy amplia.

Las principales características dependerán de la nueva ley, pero también de muchos otros factores, porque la universidad es una institución viva, fuertemente condicionada por la evolución de la sociedad y del conocimiento. De modo que la ley podrá dar un marco de referencia, ayudar a ciertas orientaciones, pero no puede reemplazar la vida real de la institución.

Si tuviera que elegir algunos aspectos que desearía ver reflejados en la ley y que pueden influir en el desarrollo institucional, señalaría lo siguiente:

La ley debe ayudar a una modernización institucional. La Ley Orgánica de 1958 se hizo bajo el influjo verbal de la Reforma de 1918 y de los debates de principios del siglo XX. Es decir, han pasado 100 años, el mundo cambió, el conocimiento cambió, su rol en la sociedad también, pero la estructura se modificó poco, de manera forzada y en aquellos aspectos en que el corset legal se lo permitió, a contrapelo de los acontecimientos.

Ejemplos fundamentales de ello, y que la ley debe ayudar a cambiar, son:

-          La estructura rígida profesionalista (que ni siquiera se planteó como alternativa posible para cambiar, cuando los debates previos a la ley del 58). Tiene que haber una variedad de estructuras académicas (Facultades, estructuras experimentales, institutos o departamentos centrales, etc.). Entiendo que eso está previsto en los proyectos que se están manejando.

-          Para la enseñanza, una concepción académica flexible, con itinerarios variados y cambiantes, como el conocimiento mismo. Debe haber un lugar de gran importancia para el postgrado.

Ninguna de estas cosas figura en la ley actual, y cada una de ellas debe luchar contra la estructura caduca para abrirse paso. Si la ley introduce estos cambios fundamentales, después vendrá una construcción larga y complicada, porque los intereses y las mentalidades profesionalistas siguen siendo predominantes en muchos sectores, y no cederán el terreno que han conquistado a lo largo de un siglo: terreno económico, de prestigio social y, en algunos casos, de influencia política.

-          Flexibilidad para cambiar estructuras, que hoy la ley no da y que se necesitan para adecuar la educación, la investigación y el servicio a la sociedad y a los tiempos. No puede ser que se necesite una ley nacional para crear una estructura académica del tipo de una Facultad, con todos los derechos y responsabilidades, como ocurre ahora.

-          Para la investigación, una jerarquización diferente de la que ahora tiene en la ley. La universidad crea conocimiento, o no es universidad. Cuando se proyectó la ley de 1958, la investigación era casi inexistente en el país. Aparece de manera declarativa en algún lugar de dicha ley, pero es secundaria. Eso ha cambiado, debe tener su lugar.

-          En materia de gestión, la ley actual es centralista y eso es una fuente permanente de ineficiencias y mal funcionamiento. Es ésta una de las paradojas de la ley del 58: feudalismo académico y centralismo administrativo, especialmente en lo referente al personal.  La nueva ley debe ayudar (no alcanzará con un texto) a descentralizar y profesionalizar la administración.

-          La ley debe simplificar el gobierno de la Universidad. No se puede seguir cantando loas al cogobierno y cerrando los ojos ante su mal funcionamiento. La participación es muy baja, en todos los órdenes.

En mi opinión, debe tenderse a un sistema representativo.

Por otra parte, una institución universitaria pública es mezcla de dos polos que pueden entrar en conflicto entre sí: el servicio a la sociedad, de base amplia y democrática, y el conocimiento, que no está distribuido de manera igualitaria. Poner en segundo plano alguno de esos dos elementos es dañino porque ambos son necesarios para que la sociedad reciba beneficios y que estos tengan el nivel adecuado. La ley debe contribuir a consolidar estos principios.

Algunos piensan que si se aumenta la participación, ello mejorará a la Universidad. No sólo no es seguro que eso sea así, sino que en mi opinión es fuertemente probable que ocurra lo contrario: cuando se perjudica la calidad técnica, el fundamento intelectual de la institución, ésta se deteriora y más allá de las proclamas verbales, se debilita a la educación superior pública y se contribuye de hecho a la privatización y todo lo que ella significa como retroceso en los valores de servicio a la comunidad.

Debo decir que, en nuestra universidad, existen lamentablemente presiones, que considero negativas, para poner la calidad técnica en un segundo plano, ante un presunto aumento de la participación que, las más de las veces, no es más que una proclama ideológica de ciertos grupos.

-          La ley debe contribuir a la coordinación de la educación pública. A pesar de que la Constitución (en su Art. 202) establece, conjuntamente con la autonomía, que “la ley dispondrá la coordinación de la enseñanza”, no se ha dictado, al cabo de 60 años, una ley de coordinación. La Ley Orgánica de la UdelaR no puede resolver este serio problema, que hoy abarca a la falta de coordinación real entre ANEP y UdelaR (por ejemplo, en materia de planes de estudio), pero debe formular las cosas de modo que la UdelaR se constituya en una base para que dicha coordinación sea legal y efectiva. No hay que olvidar que en los próximos años habrá nuevas instituciones terciarias públicas y que la coordinación se volverá cada vez más necesaria.

-          La nueva ley debe prestar especial atención a la situación del Hospital de Clínicas como prestador de servicios de salud. Manteniendo su actual dependencia de la Facultad de Medicina y su autonomía académica en materia de docencia y de investigación, debe integrarse al Servicio Nacional de Salud en lo que a la atención se refiere y ello requiere cambios legales y – a posteriori – cambios estatutarios al interior de la Universidad.


2.   ¿Cuáles piensa que son los principales obstáculos que la actual Ley Orgánica (LO) universitaria impone a los procesos de transformación de la UR?

RESPUESTA

Gran parte de mi respuesta ya está contenida en el punto anterior: estructura académica rígida y antigua, en muchos puntos importantes sólo modificable mediante otra ley. Es una ley pensada hace 60 años, con la mentalidad de hace un siglo, inevitablemente no puede dar solución a los problemas de la educación superior en el mundo de hoy.

Podría agregar un largo rosario de entorpecimientos en el funcionamiento académico. Además de los aspectos fundamentales ya mencionados en 1., la ley actual está pensada para una institución mucho más pequeña y homogénea. Algunos ejemplos:

-          Para aprobar un plan de estudios hay que pasar por el claustro respectivo. Eso no está mal, se debe consultar, pero en el mundo de hoy, si intervienen en el plan dos o tres Facultades, cosa deseable para combatir el feudalismo institucional y fomentar la interdisciplina,  habría que pasar por los respectivos claustros y eso termina por eternizar las discusiones y obstaculizar los cambios.

-          El postgrado no está en ningún lado, punto que ya mencioné. Los estudiantes de postgrado no tienen representación en ninguna parte, como tales, salvo que intervengan como egresados, cuando lo son. Pero es que la categoría de estudiante de postgrado es específica y debería reconocerse como tal.

-          No existe el vice-decano. Los decanos se deben ocupar de todo, desde la administración académica, económica, de personal, etc. hasta la representación de las Facultades (ante el CDC, las instituciones nacionales, las instancias internacionales, etc.). Todo ello sin descuidar su labor fundamental de orientación en el plano intelectual y de organización institucional.

En consecuencia, o bien no cumplen adecuadamente su función, o bien se agotan en ella y dejan su actividad académica, lo cual es negativo, ya que el cargo es fundamentalmente académico. Claro, cuando la ley de 1958 fue concebida, la UdelaR era un décimo de lo que es ahora, si miramos el número de estudiantes.

-          Debe haber una mayor autonomía de funcionamiento administrativo en los servicios, lo que tenemos hoy es también un entorpecimiento para un trabajo eficaz.


3.  ¿Le parece conveniente que el funcionamiento académico y de gobierno de la Universidad se base en ámbitos intermedios entre el CDC y los servicios? ¿Hasta qué punto le parece que está cuestión debe estar fijada en la LO?

RESPUESTA.

Con respecto a la primera pregunta, me parece claro que tiene que haber estructuras intermedias, si no, la institución se vuelve inmanejable, dado su tamaño. Ahora bien, la “base” del funcionamiento, tiene que estar en los servicios, porque allí está la gente que hace el trabajo universitario sustancial de enseñanza, investigación y extensión. En mi opinión, en los últimos períodos, las estructuras centrales de la Universidad han crecido en exceso y eso genera, independientemente de su origen o de la buena intención con que se haya hecho, una burocracia central, ubicada en el lugar donde no se realiza la actividad académica sustantiva. Creo que hay que limitar fuertemente ese desarrollo, no es un problema de la ley.

En cuanto a qué debe decir la ley en estas materias, entrando a un debate que ha tenido lugar recientemente a raíz de la preparación del proyecto de nueva ley, mi opinión es que los órganos que pueden tomar decisiones de gobierno, deben estar establecidos en la ley, con sus potestades claramente definidas y su criterio de integración. La razón es política: si se deja librado a decisiones internas de la Universidad las potestades o los criterios de integración de sus órganos de gobierno, eso conduce a una inestabilidad permanente y a presiones internas, globales o locales. Es decir, en lugar de una estructura de gobierno asegurando una cierta consolidación interna de funcionamiento, si la ley no define eso bien, el corolario inevitable será una lucha intestina por pequeños poderes, que se debe evitar.

Considero que lo mencionado es un punto importante en la confección de la nueva ley, no se debe “patear para adelante” aspectos decisivos que la ley debe contener.

Dicho esto, pienso que el resto de los problemas asociados a esta parte de la pregunta, deben ser dejados a resolución interna de la institución.


4.  ¿Qué órganos centrales de gobierno le parece conveniente que prevea la nueva LO y cómo le parece que deberían estar integrados?

No quisiera entrar en un detalle sobre qué órganos, ya que puede haber diversas soluciones, todas ellas razonables. No creo que haya una sola solución a este problema. De modo que me limito a hacer algunas anotaciones:

Es claro que la integración actual del Consejo Directivo Central es inadecuada. Es muy numeroso para hacer un seguimiento regular de los asuntos, aún los importantes. Peor aún, si los nuevos servicios, existentes o a crearse, tuvieran cada uno un representante, el número de miembros crecería sin parar, porque de lo que estoy convencido es de que se requiere innovación institucional y crear nuevas estructuras académicas (llámense Facultades, servicios experimentales, institutos o departamentos centrales, unidades regionales, no importa el nombre).

De modo que es imprescindible contar con un Consejo Directivo más pequeño y

que modifique el criterio de representación, básicamente representando a los servicios mediante agrupamientos de los mismos. Cómo agrupar los servicios no es asunto trivial y no quisiera entrar en eso en este texto, salvo para decir que tiene que haber una cierta lógica, que hoy no impera en la estructura de áreas. No puede ser, como ocurre actualmente, que Educación Física tenga el mismo peso en el área Salud que la Facultad de Medicina, es ignorar toda realidad académica, un igualitarismo que termina pagándose caro. Hay muchos otros ejemplos, claro.

Haciendo mención a esto, quiero señalar que en mi opinión, en una institución académica hay que tener mucho cuidado con las tendencias, que se manifiestan entre nosotros, a reducir la cuestión de la integración de los órganos de gobierno a un asunto de equilibrios políticos. Eso permite derivas hacia el oportunismo que le hacen – y le han hecho – mucho daño a la universidad.

La otra parte de la lógica es que los servicios deben estar representados en la conducción de la universidad. Hay un riesgo real en el cogobierno, que no se debería correr, y es la creencia de que se puede hacer un gobierno central puramente por los órdenes. Quedaría totalmente desligado de los lugares en que transcurre la vida universitaria real.

No quiero dejar de mencionar, en la respuesta a esta pregunta, que en mi opinión, el peso del orden de egresados en el gobierno universitario es excesivo. La idea de que constituyen una representación de la sociedad, que se ha mencionado de manera reiterada, es ficticia: eso no es cierto, ni en la forma ni en el contenido. En muchos casos representan los intereses de ciertas corporaciones, en otros, solamente a pequeños grupos militantes, que se interesan por la cuestión universitaria, pero que no pueden ser considerados portavoces de la sociedad.

Agrego que me parecería bien que la Ley institucionalizara la representación social, en un organismo consultivo de reunión regular. Es claro que hay tareas que no pueden ser objeto de ese tipo de consulta, como la designación del personal académico o la aprobación de planes de estudio, pero en otros planos, entiendo que sería muy favorable para la vida universitaria.

Hay una serie de otros aspectos políticos que ameritan consideración, pero que sería excesivamente extenso tratar en este texto.


5. ¿Piensa que la autonomía de la UR debe entenderse esencialmente referida a los poderes políticos y que por lo tanto la nueva Ley debiera promover una mayor coordinación con los demás organismos de la enseñanza pública? En particular ¿considera que debieran haber temas que se resuelvan en instancias de coordinación con  algunos o todos los otros organismos de la enseñanza pública? ¿Cuales serían los temas que requerirían esos acuerdos vinculantes entre los diferentes organismos?

RESPUESTA

He escrito recientemente un artículo sobre este tema. Me remito a lo que allí dije y a la referencia al tema que he hecho más arriba. Pienso que se requiere una ley efectiva de coordinación de la educación pública, especialmente en materia de planes de estudio. Hoy en día, la coordinación es inexistente y el punto más claro de ello es la interfase entre el fin de la educación media y la universidad.

En el futuro, si no se legisla, la falta de coordinación se multiplicará entre los diversos organismos y los grandes perjudicados serán los estudiantes, para los cuales “tránsito horizontal”, “planes de estudio flexibles” y otras expresiones parecidas, no pasan de ser fórmulas retóricas.

Cuando digo “ley efectiva de coordinación”, me refiero a que se debe establecer un organismo de alzada, que debe aprobar los planes de estudio en lo referente al tránsito entre instituciones diversas y niveles diversos. Yo no creo que los diversos organismos educativos se vayan a coordinar voluntariamente, existe una fuerza muy grande de feudalización en los sistemas educativos y, por lo tanto, debe haber un ente regulador externo, de alta calidad técnica, integrado con representantes de las distintas partes, pero con poder de decisión propio.

Esto no viola ninguna autonomía bien entendida: en mi opinión la autonomía está hecha para proteger al sistema educativo público de las presiones políticas, económicas, religiosas o filosóficas, no para que cada institución se declare autárquica, con prescindencia de los efectos que sus decisiones tienen sobre la sociedad y, muy especialmente, sobre los alumnos.

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