XXII Convención de ADUR “Dra. Irma Gentile”

COYUNTURA Y PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

Documento aprobado por el Consejo Federal ampliado del 23/07/2022

Contenido:

1- Introducción

  1. 2. Coyuntura

2.1. Estrategia general a nivel local: “el malla oro”

2.2- El resultado y las cuentas públicas

2.3- Los usos de fondos públicos como elemento estratégico

3- Pérdida salarial acumulada

4- Desigualdad y precarización laboral en la Udelar

5- Deterioro de la relación entre matrícula estudiantil y horas docentes

6- Deterioro de los instrumentos para retener jóvenes y personal formado

7- Necesidad de financiar la implementación del Estatuto de Personal Docente

8- Teletrabajo

9- La infraestructura edilicia de la UdelaR y su relación con las actividades docentes

10- Necesidad de financiar la estrategia integral de cuidados

11- Construcción de una cultura laboral libre de violencias

12- Impactos sobre la Udelar y sus trabajadores/as del Mensaje de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento

13- Lineamientos de ADUR para la Rendición de Cuentas

1- INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas es la instancia que se da nuestro sistema democrático para discutir el desarrollo de un gobierno, profundizar trayectorias que se entiendan deseables o corregir elementos cuestionados en materia Presupuestal. Esta instancia exige detenerse para comprender bien qué implica realmente la discusión sobre el presupuesto. En el plano común, al hablar de presupuesto aparecen las cifras elevadas en millones de dólares, pesos corrientes, constantes, puntos del PIB, etc. Pero más allá del dinero, de lo que se discute cuando se habla de presupuesto es de la capacidad real de hacer políticas por parte de un gobierno. Cualquier medida política, ley aprobada o decreto, sin el respaldo material y financiero necesario son letra muerta en un papel.

Ese “hacer políticas”, nunca es “socialmente neutral”, especialmente en materia económica. Determinadas acciones, afectan de forma diferente distintos sectores sociales, beneficiando a unos al tiempo que perjudica a otros (para ser gráficos, supongamos la creación de una franja para aumentar el gravamen a salarios mayores a 130 BPC, y usar lo recaudado para financiar comedores del INDA).

Por lo tanto, las distintas consecuencias de las políticas tienen como correlato la puja entre los distintos actores sociales que buscan mejorar su situación.  Para entender un poco cómo es el estado de situación de esta puja, y a partir de ello entender la dinámica de la discusión presupuestal, es de interés caracterizar el marco general de la estrategia económica desplegada en estos dos años y medio de gobierno (del cuál la política fiscal y presupuestal es parte constituyente).

2 – COYUNTURA

Estamos viviendo varias crisis simultáneamente a nivel económico, ecológico y político. Estas crisis están relacionadas, pero no afectan a todxs por igual ni son responsabilidad de todxs por igual. El intercambio desigual a lo largo del tiempo ha generado que las economías del norte global se apropien de recursos y trabajo del sur global para sostener su crecimiento. El impacto social, ambiental y económico de esta relación desigual implica que la agudización de la desigualdad social y los impactos ecológicos de este modelo en diferentes regiones1

Las economías mundiales son ecologías-mundos2 que organizan las relaciones y condiciones de vida. Los arreglos culturales que promueven el crecimiento para sostener la vida se basan en la explotación del trabajo remunerado y en una dialéctica donde apropiación del trabajo no remunerado de las personas y la naturaleza son la base de la organización de nuestra vida. Estamos viendo a nivel global y local una intensificación de emprendimientos que producen una creciente desigualdad basada en la explotación de las personas y la naturaleza. El modelo productivo dominante traslada valor del sur al norte global, así como al capital local, mientras genera externalidades con impactos graves a nivel de la afectación de la salud de las personas y el ambiente, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de fuentes de agua, además de generar una creciente brecha socioeconómica. Los costos de estas externalidades son trasladados a la población en general, pero las ganancias son acumuladas por unos pocos.

La crisis económica está relacionada con la crisis ambiental3.El 90% de la pérdida de biodiversidad y escasez de agua son causados por la extracción y procesamiento de recursos4. De acuerdo con estudios recientes, la producción actual permite vivir dignamente a todas las personas del planeta, lo que se requiere no es crecimiento sino redistribución5. Responder a estas crisis con justicia social y ambiental, implica satisfacer necesidades y bienestar humanos en lugar del crecimiento empresarial6.

La crisis económica, ambiental y política se expresan también en la guerra iniciada en Ucrania, que tiene un alcance mundial. Se trata de una guerra de carácter imperialista que se desarrolla bajo el impulso de la OTAN y, en especial, por parte de EEUU, para extender la captura de recursos sobre Rusia y Asia Central, con una vista a un conflicto con China. Es, entonces, una guerra por el acaparamiento de recursos y mercados que, en su desarrollo, debe combatir las luchas populares contra el capitalismo. La invasión de Putin sobre Ucrania implica una respuesta reaccionaria a la guerra de la OTAN que desconoce el principio de autodeterminación de los pueblos, y conduce a una mayor opresión de los sectores populares de Rusia y Ucrania.

En el contexto local, observamos que el modelo de desarrollo imperante en las últimas décadas está basado en una lógica extractivista que prioriza el crecimiento económico y la valoración utilitarista por sobre la garantía de derechos y la defensa de lo común para asegurar una vida digna. Las políticas públicas promueven la mercantilización y privatización de las formas de relacionamiento y debilitan los espacios de decisión y participación de la ciudadanía. Se observa una profundización del modelo extractivista basado en la exportación de materias primas y políticas que favorecen la privatización de empresas nacionales y de espacios públicos. Estas políticas han generado una creciente movilización y organización de amplios sectores de la sociedad civil en pos de la defensa de sus derechos y los bienes comunes. Sin embargo, los efectos de estas políticas han producido creciente desempleo, inseguridad alimentaria y debilitamiento de derechos individuales y colectivos que debilitan nuestra democracia.

2.1 Estrategia general a nivel local, “el malla oro”

Desde hace varios años sectores vinculados al ámbito empresarial colocaron con fuerza como  diagnóstico al enlentecimiento económico padecido entre 2015 y 2018, y el estancamiento de 20197. Este diagnóstico se basaba en la falta de competitividad del Uruguay en relación al resto del mundo. En grandes líneas, al conjunto de la economía uruguaya le iba mal porque el costo para producir localmente era demasiado alto, por lo tanto los empresarios no tenían incentivos para invertir. Ese crecimiento de los costos, se daba por dos razones principales. La primera la rigidez de los derechos laborales y el costo salarial. La segunda por la ineficiencia y el peso de un Estado que gastaba por encima de sus posibilidades. Las líneas de acción que emergían de ese diagnóstico eran lo que luego el Presidente de la República sintetizó con la polémica metáfora del “malla de oro”. Y es el abaratamiento de la producción (o mejor dicho la ampliación de los márgenes de rentabilidad) para el sector empresarial, a costa de un deterioro (se entiende desde esta óptica que transitorio), de prácticamente el resto de la población.

Para poder cumplir con esta estrategia, son precisos dos tipos de medidas. Por un lado las de carácter coyuntural (un ejemplo de esto puede ser el decreto 090/20 del 11 de marzo de 2020 exigiendo a los organismos de la administración central y exhortando al resto a subejecutar su presupuesto, o las pautas para la negociación colectiva del sector privado trasladando la pérdida del PIB en 2020 al salario), pero por otro reformas estructurales que afectan los cimientos de la formación económica y social (reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma educativa, reforma fiscal, reforma de las Empresas Públicas). La discusión del presupuesto universitario, se da entonces en el medio de cambios estructurales tanto en el manejo de las cuentas públicas como del rol de la educación pública en nuestra sociedad.

La capacidad de aplicar esta estrategia ha estado atravesada por dos efectos, uno favorable y otro contrario. Por un lado, al emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por COVID 19, dio un marco para la aplicabilidad de su paquete de políticas (por ejemplo enviando al parlamento y votando la LUC). Por otro lado, la recolección de 800.000 firmas para derogar los 135 artículos de la LUC y el posterior referéndum actuaron como elementos impugnadores de la agenda de cambios. El gobierno, sin embargo, acelera esta agenda como se puede ver en la privatización del agua, internet, combustibles, las restricciones a derechos de libertad de expresión, espacios de participación y decisión ciudadana. También en la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. El saldo, es la aplicación de un programa aún incompleto que enfrenta (y enfrentará) las luchas del movimiento popular.

Al mes de mayo se puede ver que:

  • Existe una mejora en los sectores agroexportadores derivada del aumento récord en los precios internacionales de las materias primas (especialmente la soja que creció un 86% y la carne que lo hizo un 24% entre enero de 2020 y marzo 2022).
  • Esto generó que en el mes de mayo las exportaciones de bienes alcanzaran los 1.514 millones de dólares (cifra récord desde que Uruguay XXI toma el registro); en términos interanuales las exportaciones llegaron a 13.000 millones de dólares (máximo histórico), los niveles de exportaciones son un 40% superior a los niveles pre pandemia, y el Índice de Excedente Bruto Unitario de la Industria Exportadora (que mide la ganancia de una parte del sector exportador) aumentó un 15% desde 2020.
  • Estos datos ayudan a explicar cómo según el informe del equipo técnico asesor de AEBU, los depósitos aumentaron 3.358 millones de dólares en 2021, siendo que el 50% de esos fondos se depositó en cuentas que ya tenían 250.00 dólares o más, y el 70% de esos fondos se depositó en cuentas con fondos iguales o mayores a 100.000 dólares. Si se toma el acumulado entre 2020 y 2021 los depósitos aumentaron 6.337 millones de dólares. Además, si se ven los depósitos de uruguayos en el exterior, puede verse un aumento en 2021 de 2.800 millones de dólares, llegando a ser en total 10.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo de esta mejora histórica de una parte de la economía y del aumento de los ingresos y la riqueza de sus dueños, se da otra realidad:

  • Una importante caída del Indice de Salario Real entre enero de 2020 y abril 2022 (último dato disponible) para el promedio de asalariados y asalariadas de la economía.
  • Empeoramiento de las condiciones laborales, aumento de jornadas laborales y agudización del conflicto de tiempo y espacio entre tareas destinadas al mercado laboral y tareas vinculadas a los cuidados y la reproducción del hogar a raíz de la difusión sin previa reglamentación del teletrabajo.
  • Aumento de la incidencia de la pobreza en todas las franjas de edad, en términos de hogares aumento del 5,9% en 2019 al 7,5% en 2021.
  • Aumento de la inseguridad alimentaria, cerca de 100.00 personas comen en ollas populares, aumento de la cantidad de niños y niñas que comen casi exclusivamente en comedores escolares.

Lo que puede resumirse luego de ver algunos de los resultados de la coyuntura económica es un aumento profundo de la desigualdad.

2.2- El resultado y las cuentas públicas

La aplicación de la estrategia del malla de oro  en las finanzas públicas, se da por el lado de la “disciplina fiscal” y el nuevo marco normativo generado en la Ley de Urgente Consideración  (nueva Regla Fiscal). La comunicación política de las medidas y estrategias de conducción económica son abundantes en eufemismos. Por ello conviene discutirlos políticamente. ¿Es deseable ser responsable fiscalmente (manejar bien los recursos de toda la sociedad, gastar y recaudar de forma eficiente, etc)? Totalmente. ¿Es deseable que en términos de largo plazo la trayectoria de ingresos estatales sea igual a la de los gastos? Sin lugar a duda. ¿Es imposible obtener más recursos estatales de los que se obtienen, por lo tanto es necesario para ajustar las cuentas fiscales recortar la inversión pública? No, o por lo menos la respuesta es negativa según el sector social al cuál uno pertenezca porque recordemos, diferentes políticas económicas afectan de manera distinta a los actores sociales. El campo popular en diversos espacios ha planteado posibilidades de incremento de los fondos públicos. Actualmente algunos de los planteos (aumento del gravamen a la riqueza, los ingresos altos, las ganancias extraordinarias, los depósitos bancarios en el exterior, las herencias) tienen singular vigencia (no sólo por su potencial recaudador sino por su potencial redistributivo).

Asumiendo que no existen posibilidades de una reforma fiscal progresiva, ¿era deseable en momentos de crisis económica y social, por ejemplo durante 2020 recortar el gasto público? Otro de los elementos de la estrategia económico-fiscal para atender es la oportunidad en que se dio el recorte. Para ponerlo en términos gráficos, en febrero de 2021 el gobierno anunció complacido el sobre cumplimiento de las metas fiscales al haber “ahorrado” 140 millones de dólares. Ese mismo año, toda la ayuda social del fondo COVID fue 147 millones de dólares. Es decir, ese año podría haberse doblado la ayuda social a quienes estaban padeciendo materialmente las consecuencias de la crisis económica, y podrían haberse cumplido los objetivos de política económica.

Las consecuencias del manejo férreo de las herramientas fiscales a pesar de las necesidades del contexto, generarán lesiones en el tejido social a largo plazo. Por ello, es necesario discutir el uso del gasto público, al que debemos considerar como inversión pública.

2.3- Los usos de fondos públicos como elemento estratégico

Cuando se habla de recorte del gasto público y se lo ata a ineficiencias estatales, es necesario prestar mucha atención. ¿De qué hablamos cuando discutimos el gasto público? En primer lugar, hay que tener en cuenta su composición, ⅔ partes de ese gasto lo conforma el Gasto Público Social, es decir el gasto (recursos) destinado a cubrir derechos económicos y sociales de la población como lo son la educación pública, la salud pública, la seguridad social (tanto jubilaciones y pensiones, como políticas sociales focalizadas), las políticas de vivienda y políticas de desarrollo cultural y deportivo.

Gráfica: Composición del Gasto Público

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Fuente: MIDES-MEF-OPP

Cuando se habla de recortar el gasto público, explícitamente o mediante eufemismos como “ahorrar en el gasto”, las probabilidades son que se recorte la materialidad de algún derecho social que en general garantiza mínimas condiciones de vida a una buena parte de nuestra sociedad.

Un segundo elemento de la composición de nuestro gasto público, es que tiene un fuerte componente inercial. Esto es, aumenta en términos absolutos y relativos a pesar de que se intenten tomar medidas para contenerlo.

Gráfica: Composición del Gasto Público Social

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Fuente: MIDES-MEF-OPP

El principal rubro del gasto y del gasto público social es la Seguridad y Asistencia Social, cuya dinámica está marcada por derechos definidos en las leyes que establecen los parámetros para acceder a una jubilación o una pensión, por artículos constitucionales que marcan la forma de revaluar las pasividades, y sobre todo por una dinámica demográfica caracterizada por el aumento relativo del sector poblacional mayor a 65 años. Por lo tanto, las necesidades coyunturales de equilibrio fiscal mediante el recorte del gasto, no pueden realizarse recortando en todos los ámbitos del Estado. Tal vez esta sea la razón que durante el Siglo XX las necesidades de financiamiento estatal encontraron en la educación pública y la salud pública variables de ajuste donde poder recortar recursos.

Un tercer elemento de nuestro gasto, y en particular el Gasto Público Social es el elemento estratégico en términos sociales para una transformación democrática de la sociedad. En este punto, es necesario visualizar que, en rigor, no se trata de un “gasto”, sino más bien de una inversión pública-social. Incluso, por fuera de una mirada economicista, se trata de garantizar derechos a las generaciones presentes y construir las condiciones para una sociedad mejor para las generaciones venideras.

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Fuente: Azar y Bertoni (2007:47)

Lo que puede intuirse en la gráfica tomada del trabajo de Azar y Bertoni8 es una posible relación entre el aumento en el Gasto Público Social durante el Siglo XX y una caída en la desigualdad (vista a través de la dinámica del Índice de Gini). Si bien esta relación no es lineal, sirve como elemento indicativo que garantizando y mejorando el acceso material a determinados derechos sociales y económicos (educación, salud, vivienda) pueden desatarse mecanismos que ayuden a la reducción de la desigualdad social. Reducción que tiene consecuencias deseables al mejorar las condiciones para el marco de convivencia social, y el verdadero respeto a la diversidad de las personas.

En última instancia, esto marca la importancia estratégica por la lucha presupuestal, por la unidad de muchos actores para dar esta lucha, y por colocar el presupuesto universitario como elemento necesario no sólo para quienes actualmente tiene una vinculación directa con la Universidad, sino como elemento necesario para la mejora en las condiciones de vida de toda la sociedad.

3- PÉRDIDA SALARIAL ACUMULADA

En los últimos dos años, por diversos factores (pandemia, teletrabajo, aumento de la matrícula), los y las docentes de la Udelar trabajamos más, por menos salario. ¿Cómo se explica esto? Por el efecto de la inflación en los salarios. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de la economía. Su aumento provoca la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Los salarios se ajustan, pero lo hacen cada cierto tiempo, mientras la inflación se percibe mes a mes.

Esto produce lo que se conoce como redistribución regresiva del ingreso. Las y los trabajadores con mayores ingresos pueden suavizar la pérdida de poder adquisitivo a través de, por ejemplo, el uso de sus ahorros o percibiendo ingresos de fuente no salarial. Por el contrario, las y los trabajadores que dedican todo su salario al consumo no pueden protegerse de la suba generalizada de precios.

¿Cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de los salarios? En promedio el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído 4% en los últimos dos años. Esto surge de comparar la evolución del Índice Medio de Salarios (13,8%) con la inflación (18,5%) entre marzo de 2020 y marzo de 2022. En el caso de las y los docentes universitarios, los dos incrementos generales recibidos en el marco del actual período de gobierno, fueron 4,41% en enero de 2021 y 7,07% en enero de 2022. Estos ajustes no alcanzaron para cubrir el aumento generalizado de los precios, consolidándose una importante pérdida de salario real en el año 2021, que llegó al 7,96%.

Los y las docentes de la Udelar tienen los salarios más sumergidos de la educación pública. ¿Qué tipo de recuperación salarial podemos esperar? Hay un compromiso de recuperación del nivel salarial previo a la pandemia, establecido en el artículo 4 de la ley de presupuesto. Al respecto corresponde hacer dos consideraciones. En primer lugar, aún si se cumple ese compromiso, a lo largo del período los trabajadores públicos habrán tenido una pérdida de bienestar, fruto de que el poder de compra estuvo durante todo el período, por debajo de su nivel de inicio. La caída es abrupta y la “recuperación” es gradual.

En segundo lugar, el proceso de recuperación planteado está amenazado por la actual aceleración inflacionaria. El 7,07% de ajuste recibido incluye un 5,8% por concepto de inflación esperada y un 1,2% por concepto de “recuperación” teóricamente, pero como la inflación se viene ubicando muy por encima de las proyecciones del gobierno, no solo no se percibe la recuperación, sino que la inflación efectiva se “come” la supuesta recuperación. De esta forma se acumulan más meses de pérdida de poder adquisitivo. Cuanto más se postergue la recuperación, aun lográndose al final del quinquenio, más tiempo acumulado de pérdida de bienestar para los trabajadores.

¿Qué podemos hacer para responder a esta situación de creciente precarización laboral? En el segundo semestre del año 2021 el PBI de la economía ya se ubica por encima de los niveles pre pandemia (segundo semestre de 2019), sin embargo el índice medio de salarios está 4% 
por debajo y la pérdida de salario llegó al 7,96%. Si en 2022 el PBI crece como está previsto 3,8% y los salarios no comienzan el proceso de recuperación de manera significativa, estaremos asistiendo a otro año de aumento de la brecha de desigualdad entre lxs trabajadores y el gran capital.

4- DESIGUALDAD Y PRECARIZACIÓN LABORAL EN LA UDELAR.

Lxs docentes de la Udelar tienen los peores salarios en la educación pública. Sin embargo, la pérdida salarial no impacta de la misma manera a todxs lxs docentes de la Udelar. De 11.625 docentes en 2021, 7.526 son de grados 1 y 2 y de estxs la mayoría son mujeres.  Los salarios de los grados bajos con menor carga horaria representan al porcentaje más grande de lxs docentes en la Udelar. Un docente grado 1 con 20 horas semanales, gana un sueldo nominal de $ 17.682. Es claro que la universidad se sostiene mediante situaciones laborales precarias que reproducen desigualdades sociales y atentan contra la calidad de la educación y condiciones laborales dignas.

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Tomado de: Anuario estadístico DGPLA-UDELAR

Es importante recordar que la Udelar es la universidad que educa a la mayoría de lxs estudiantes a nivel terciario en el país, además de constituir el centro más importante de desarrollo de investigación e innovación tecnológica del país. La creciente matrícula de estudiantes y la falta de incremento en las cargas horarias y nuevos cargos resultan en situaciones de trabajo que obligan a quienes están en grados más bajos y con menos carga horaria a destinar mayor parte de su tiempo de trabajo a la enseñanza por lo cual afecta sus posibilidades de desarrollo de la carrera docente. El sistema actual demanda más trabajo de quienes reciben menos y tienen menos reconocimiento. Asimismo, esta situación impacta las posibilidades de la universidad a largo plazo ya que no permite que quienes inician su carrera tengan condiciones favorables para mejorar su formación o rechazar ofertas de otros empleadores.

Esta precariedad no afecta solo a lxs trabajadores sino que impacta la calidad de la enseñanza hoy, ya que quienes se hacen cargo de la mayoría de las tareas de enseñanza son docentes que dependen del multiempleo para poder sobrevivir. Además, impacta negativamente las posibilidades de retener jóvenes investigadores en el país porque no se brindan garantías para poder desarrollar todas las funciones docentes. Pero esto no es todo, también se suma a las condiciones precarias la falta de derechos a nivel laboral en relación a garantías de mantener cargos, ya que al tener que progresar en la carrera docente quienes han dedicado años de su vida a la institución tienen que competir nuevamente porque su desarrollo profesional no se evalúa en base a sus méritos sino en comparación con los de cualquiera que desee presentarse a ese concurso. Pocos cargos, pocas oportunidades para conseguir un empleo digno y con dedicación total en la institución. En caso que no se logra mantener el cargo lxs trabajadores no tienen derecho a seguro de desempleo, quedan sin ninguna cobertura porque su contrato es a término.

El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento consolida esta situación de los salarios más bajos en la enseñanza y de precariedad laboral de miles de docentes universitarios.

 

5- DETERIORO DE LA RELACIÓN ENTRE MATRÍCULA Y HORAS DOCENTES

El crecimiento estudiantil en la Universidad de la República en los últimos 15 años ha sido extraordinario, pasando del entorno de 81 mil estudiantes activos en el año 2007 a casi 150 mil en el año 2021. Este proceso de crecimiento en la cantidad de estudiantes activos se ha recrudecido en los últimos años, especialmente en los últimos dos donde directamente explotó el número de nuevos ingresos. Como ejemplo, solo en el año 2021 la UDELAR registró casi 22 mil ingresos, valor que significa un crecimiento en el ingreso del 16% respecto al 2020. Notar que, la tasa de crecimiento interanual en el ingreso de estudiantes venía siendo del 4,2% en el último lustro. Otro dato que reafirma esta situación son la cantidad de estudiantes que proyectaba la UDELAR para el 2024 cuando presentó su pedido presupuestal en el año 2020. En la propuesta realizada por la UDELAR se deja constancia que en el año 2019 la institución contaba con 139.830 estudiantes y proyectaba para el año 2024 contar con 144.939 estudiantes. Como se menciona anteriormente, esta cifra ya se ha superado con creces en el 2021.

Además del crecimiento cuantitativo de estudiantes, también es preciso remarcar la diversificación territorial de los procesos formativos que ofrece la UDELAR. Notar que mientras en el quinquenio 2005-2009 el porcentaje de estudiantes de ingreso que correspondía a planes de estudios impartidos  en centros regionales era del entorno de 5% en el quinquenio 2015-2019 dicho valor se situó entre 14 y 16%. Estos incrementos porcentuales, que acompañan además el crecimiento absoluto de ingresos a la UDELAR, significan aumentos realmente importantes de estudiantes en todo el territorio nacional.

La realidad descripta anteriormente que es muy positiva para el país y la UDELAR, tanto por el aumento de estudiantes que acceden a la formación terciaria como por el avance en la equidad territorial de las ofertas de formación, se ve seriamente comprometido por el estancamiento en la cantidad de docentes que cuenta la UDELAR. Más en detalle, en el año 2021 hemos llegado a valores mínimos en la relación horas docentes por estudiante activo. En la siguiente figura se muestra la evaluación de dicha relación entre los años 2010 y 2021. En la gráfica se puede apreciar el fuerte deterioro en la cantidad de horas docentes por estudiante activo que se ha dado especialmente en los últimos ocho años. En forma cuantitativa, es importante hacer notar que ocho años atrás dicha relación era un 21% mejor que la actual. Además, este deterioro progresivo, y por tantos años, muestra claramente que no es efecto de un hecho puntual y/o relacionado con situaciones circunstanciales.

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 Fuente: propuesta de rendición de cuentas de la UDELAR 2022.

Esta relación docente-estudiante es peor que el promedio en varios servicios universitarios, como el caso de Facultad de Psicología, la Facultad de la Información y la Comunicación, el CENUR Litoral Norte, entre otros casos.

Esta realidad tensa el trabajo en la Universidad, obligando a un sobre-esfuerzo por parte de los y las docentes (al igual que los funcionarios, en el uso de los locales, etc.) para poder hacer frente a las tareas de enseñanza. Obviamente, esta tensión por un lado perjudica la calidad de las tareas de enseñanza en general pero también deteriora los aspectos laborales de lxs docentes que nos vemos enfrentados a un aumento desmedido de las tareas a desarrollar. Este contexto de trabajo de sobre exigencia a lxs docentes, donde además somos conscientes que se deteriora la calidad de la enseñanza y es una realidad que se recrudece durante varios años, genera un circulo realmente negativo para nuestro desarrollo laboral. Adicionalmente, es necesario remarcar que parte de este proceso de deterioro se potenció aún más en los años de pandemia con todas las nuevas aristas que introdujo la enseñanza en pandemia.

El repaso de la relación docente estudiante presentado anteriormente pone foco en la enseñanza en la UDELAR a nivel de grado. También es necesario destacar que, además de las tareas de enseñanza de grado, lxs docentes universitarios realizamos actividades de formación de estudiantes a nivel de posgrado. Estas actividades son imprescindibles para la formación de recursos humanos que contribuirán al desarrollo social, cultural, científico y tecnológico de nuestro país en general y especialmente para que retroalimenten los propios cuerpos docentes a nivel terciario. Si bien estos procesos de formación a nivel de posgrado en Uruguay distan mucho de alcanzar los guarismos de países desarrollados e incluso de la región, en los últimos años ha sido notorio el crecimiento en el número de estudiantes (y planes de estudio) a nivel de posgrado en la UDELAR. Específicamente, en el quinquenio 2005-2009 se registraron en promedio 1.250 estudiantes de posgrado en la UDELAR mientras que dicha cifra para el quinquenio 2015-2019 fue de 2.573 estudiantes (y en el año 2021 casi alcanza los 3 mil estudiantes). Si bien es claro que los números a nivel de enseñanza de posgrado son muy diferentes a los de grado este aumento de estudiantes, y de tareas de enseñanza asociadas,  requiere una mayor atención y horas de dedicación del plantel docente.  Incrementando así, aún más, las tareas docentes.

6- DETERIORO DE LOS INSTRUMENTOS PARA RETENER JÓVENES Y PERSONAL FORMADO

Las políticas de formación y promoción de sistemas de investigación e innovación son procesos que implican ventanas de tiempo de largo plazo y en forma sostenida. Especialmente porque están condicionadas por los procesos de formación de recursos humanos al mayor nivel. Esta condición también implica que sean procesos especialmente frágiles, plausibles de perder capacidades importantes de forma muy rápida. Cuando se debilitan las capacidades de la Udelar de retener a sus cuadros docentes formados y dar posibilidades de retorno a académicos/as que se han formado en el exterior, se alimenta tanto la llamada “fuga de cerebros” como el pasaje de cuadros formados en la Udelar hacia las instituciones universitarias privadas.

En nuestro país estas políticas de fomento científicas han sido tímidamente ensayadas en las últimas décadas, mostrando sin embargo avances muy significativos en diversos aspectos. Entre otros avances se puede mencionar la cantidad de integrantes en el Sistema Nacional de Investigación, los aumentos en las ofertas de carreras de posgrado, estudiantes y egresados a nivel de posgrado, la mejora en la capacidad de investigación instalada en el país, el apoyo al sector productivo, etc. Sin embargo, quizás el caso más destacado del avance de dichos procesos en el último tiempo es la respuesta a la situación socio-sanitaria generada por el COVID-19 en nuestro país. Donde el esfuerzo coordinado en muy diversas áreas de actuación permitió al país alcanzar herramientas y capacidades para atravesar de manera razonable la pandemia y los efectos asociados a ella.  A pesar de las sobradas muestras de resultados positivos en el modesto proceso de inversión en este campo, en los últimos dos años estas políticas años han tenido un marcado retroceso, o explícitamente recorte, en lo presupuestal. Poniendo así en peligro las inversiones y trabajos llevados adelante durante varios años.

Los recortes mencionados en general tienen un mayor impacto en lxs docentes en etapas iniciales y/o de formación. Por ejemplo, alguno de los lugares donde se puede constatar dichos retrocesos en lo presupuestal, además del recorte directo por la pérdida salarial de todxs lxs docentes de la UDELAR,  son los sistemas de becas, los recursos en las convocatorias a proyectos concursables,  los fondos para el desarrollo de carreras de posgrado y en el caso de la UDELAR el régimen de dedicación total.

Los sistemas de becas de posgrado son una herramienta clave para la consolidación en la formación a nivel de posgrado en un país. En Uruguay, las becas de posgrado son cubiertas principalmente  por la ANII y la CAP de la UDELAR. En cuanto a las becas de la ANII, muestran un deterioro sostenido en los montos reales que otorgan las becas, ya que hace años que no se actualizan y/o recuperan (al menos parcialmente) la inflación. En el caso de la UDELAR, los montos otorgados sí son indexados (asociados a salarios de docentes) pero el grado de satisfacción de las becas solicitadas que se consideran de alta calidad es cada vez más bajo (esta situación también se repite con las becas ANII). Por ejemplo, la CAP en el año 2022 alcanzó un nivel de cubrimiento de la demanda acotado, no pudiendo financiar 166 propuestas de un total de 376 solicitudes de alta calidad. Notar que, el estancamiento en la cantidad de becas de posgrado se da al mismo tiempo que la UDELAR presenta un fuerte crecimiento en los números de estudiantes de posgrado.  Adicionalmente, en los últimos tres años los programas de becas de posdoctorado se han frenado casi por completo. De un contexto donde por ejemplo en el año 2019 había en el entorno de 50  becas posdoctorales en marcha (otorgadas por diferentes instituciones como ANII, CAP-UDELAR, PEDECIBA, IIBCE, IPMON, etc.) se pasó a años directamente sin ofertas de becas o como en 2021 donde se otorgaron únicamente 10 de estas becas por parte de la ANII. Adicionalmente, es importante hacer notar que el volumen de becas posdoctorales en curso en el año 2019 distaba mucho de las becas que ofrecen los países desarrollados incluso casi que cualquier país de la región muestra mejores indicadores en este aspecto.

Otra herramienta que le da forma a los procesos de investigación e innovación son las convocatorias concursables a proyectos. En este aspecto, primero es necesario remarcar que diversos instrumentos han desaparecido o visto notoriamente disminuidos los fondos asociados (por ejemplos iniciación a la investigación y fondos sectoriales convocados por la ANII). También hacer notar que los niveles de aceptación entre los proyectos identificados como excelentes es en general muy baja. Algunos ejemplos son el Fondo María Viñas y el Fondo Clemente Estable, ambos de la ANII, que en las convocatorias del año 2021 mostraron un nivel de financiación del 18 y 23%  respectivamente. En cuanto a los proyectos financiados por la propia Universidad, a travez de la CSIC, la cantidad de proyectos financiados es en general superior a su contraparte de la ANII. Sin embargo, en las dos convocatorias más importantes de CSIC (Proyectos CSIC I+D y Proyectos CSIC Grupos)  los montos que otorgan los proyectos se han visto congelados para poder mantener el nivel de cubrimiento. Esta situación es especialmente grave en los Proyectos CSCI Grupos donde los montos han sido iguales a los otorgados hace cuatro años. En cuanto al nivel de financiación de los proyectos de alta calidad en la UDELAR, por ejemplo en los CSIC I+D para la convocatoria 2018 fue de 130 de 337 propuestas evaluadas mientras que en 2020 fue de 209 de 557 propuestas presentadas.

Por último, también es necesario mencionar el régimen de dedicación total de la UDELAR. Este régimen es sin lugar a dudas la herramienta más importante de fomento de la investigación en la Universidad (y en el país). Si bien en el último presupuesto nacional aprobado se brindaron recursos específicos para mantener durante el actual lustro un ingreso mínimo de docentes al régimen es importante destacar que para solicitar el RDT es necesario tener un cargo de 30 hs. de dedicación.    Como se dijo anteriormente, el presupuesto de la UDELAR implica que el volumen de horas docentes está especialmente estancado. Esta situación restringe fuertemente el acceso de los docentes a este tipo de instrumentos.

Es esperable que de no revertir estos procesos de recorte presupuestal en lo referente a investigación se aceleren los procesos de deterioro en la materia. Sumando a la, ya visible, falta de expectativas de mediano plazo para los docentes en etapa de formación la inserción de investigadores uruguayos consolidados en otras partes del mundo. Limitando fuertemente nuestra capacidad de desarrollo como país.

Es importante desarrollar políticas focalizadas específicas para retener y fomentar la participación en la carrera docente de mujeres y afrodescendientes en la universidad. El desarrollo de programas de formación y retención de estos grupos permitirá generar oportunidades para revertir la desigualdad en términos de representación de esta población. Tener un plantel docente que represente la diversidad en nuestra comunidad enriquece la experiencia educativa y a la investigación, además de reparar injusticias sociales históricamente construidas.

7- NECESIDAD DE FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE PERSONAL DOCENTE

 En el año 2018 se aprobó (mayoritariamente) el nuevo estatuto del personal docente (EPD) de la UDELAR. La aprobación de un nuevo EPD fue por muchos años una reivindicación central de nuestra asociación. Es más, en todo el largo proceso que ha implicado el “nuevo” EPD, desde los inicios con instancias de intercambio y elaboración, su posterior discusión y finalmente aprobación en el CDC, así como el trabajo reciente en la definición de estrategias de implantación y mejora del nuevo estatuto ha contado siempre con ADUR como un actor importante.

En este contexto no es novedoso decir que desde ADUR se ha buscado que diversas síntesis sobre como mejorar la carrera docente, que a su vez permitirían mejorar la UDELAR en general, están articuladas como parte del EPD. Para citar algunos ejemplos (y sin ánimo de priorizar ninguno de ellos por sobre otros) se puede mencionar la mejora en la definición de las tareas asociadas a cada perfil docente tanto en los grados docentes como en las categorías horarias, la mayor regulación en cuanto a los tiempos máximos que se pueden ocupar determinados cargos de transición (por ejemplo interinos, contratados, grados 1, etc.), la búsqueda en la formación de posgrado (o formación equivalente) en la definición de los cargos docentes, la propensión a cargos docentes consolidados es decir efectivos y con altas cargas horarias,  así como el propio establecimiento de la Comisión Central de Promoción de la Carrera Docente. En resumen, un conjunto de políticas que periten estructurar y organizar de mejor forma el trabajo docente y sientan las bases para una Universidad de cara a las próximas décadas. Cabe destacar que el EPD organiza y proyecta el trabajo de los y las docentes que, según grado y cargas horarias, comprende el conjunto de tareas y funciones que desarrollamos: la enseñanza de grado y posgrado, la investigación, la extensión y las actividades con el medio, y la gestión académica.

 Si bien el proceso de adopción por parte de la UDELAR del nuevo EPD podría ser virtuoso, su real implementación en los diferentes servicios universitarios se ha visto seriamente comprometida al no contar con el presupuesto adecuado para llevar adelante este tipo de reestructuras. Esta situación ha generado que en muchos casos las políticas delineadas en el EPD pasen a ser meramente declarativas (…. esperando hasta que se cuente con los rubros necesarios ...) y en otros, aún peor, que las modificaciones planteados por el EPD sin los recursos presupuestales reales asociados que permitan hacer frente a dichos cambios impliquen, directamente, un deterioro en las condiciones laborales de lxs docentes.

Estas situaciones son bien diferentes entre los distintos servicios universitarios ya que los impactos están fuertemente condicionados por las prácticas que se estilaban llevar adelante en cada uno de ellos. Sin embargo, es imprescindible que desde ADUR logremos avanzar en la definición de un plan que ordene y priorice estas transformaciones actualmente demoradas por falta de recursos; así como que la institución se comprometa a definir y/o conseguir los recursos para llevar adelante dicho plan.

Es importante volver a remarcar que este reclamo trasciende lo específico de las relaciones laborales de lxs docentes establecidas en el nuevo EPD. En otras palabras, desde ADUR entendemos que la cabal implementación del EPD permitiría mejorar transversalmente todos los aspectos del quehacer universitario y su impacto positivo en el país.

Como ADUR nos comprometemos a cuidar que se garanticen las condiciones para que todxs puedan desarrollar su carrera docente y realizar su trabajo en condiciones que garanticen sus derechos como trabajadorxs. Consideramos importante que la Udelar destine fondos especiales para garantizar las  condiciones necesarias para que todxs lxs docentes puedan desarrollar su carrera.

8- TELETRABAJO.

En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 la universidad desarrolló modalidades de enseñanza que trasladan el lugar de trabajo desde el salón de clase y la oficina a la casa. Esta nueva situación genera oportunidades y desafíos a nivel laboral. Por un lado, la incorporación de avances tecnológicos en los procesos educativos tiene el potencial de diversificar y flexibilizar las formas de respuesta a un estudiantado con distintas necesidades en un contexto de diversidad. Esta modalidad también permite expandir la participación de estudiantes y actividades de investigación con colegas a distancia. Sin embargo, a nivel laboral el teletrabajo implica una serie de desafíos que afectan los derechos laborales y precarizan las condiciones de trabajo.

El teletrabajo en la docencia implica una flexibilización de la jornada laboral que afecta el doble blindaje. Por un lado, la semana de trabajo se extiende y por otro el horario de trabajo diario no tiene los límites de la situación de enseñanza presencial. Se difuminan los horarios precisos de trabajo y por la diversidad de medios tecnológicos utilizados se “alcanza” a lxs teletrabajadorxs más allá de las horas en que deben prestar su labor. Este régimen no solo afecta la cantidad de tiempo que destinan lxs docentes al trabajo sino también incide en su salud y calidad de vida. En particular afecta el tiempo de descanso y la calidad de vida de quienes tienen a su cargo tareas de cuidado. Se reproducen entonces desigualdades sociales y el hogar se convierte en una fábrica9.

Por otro lado, existe una transferencia de costos del empleador a lxs empleadxs. En el caso de la enseñanza en línea, lxs trabajadores pagamos por el internet, en algunos casos inclusive proporcionamos los dispositivos tecnológicos para desarrollar nuestras tareas de trabajo remoto (celular, computadoras, etc.), calefacción, luz y espacio adecuado para desarrollar nuestro trabajo.  Estas condiciones representan una pérdida de salario para lxs trabajadores, mientras resultan en un abaratamiento de costos para el empleador.

Estas condiciones laborales impactan derechos en relación a protección de higiene laboral y seguridad e inclusive tiene consecuencias en el derecho colectivo a nivel sindical. El trabajo en solitario, la disminución del contacto con pares y la fragmentación consolidan un funcionamiento que atenta contra la organización y construcción del movimiento sindical.

9- LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA UDELAR Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DOCENTES

Para cumplir con las actividades docentes es imprescindible contar con instalaciones cuyas funcionalidades y condiciones satisfagan los requerimientos inherentes a las diferentes áreas de nuestra Universidad. Según puede observarse en la siguiente tabla, aunque en los últimos 20 años  la Udelar  duplicó la superficie construida, los metros cuadrados por estudiante se mantuvo constante y muy cercano al valor mínimo histórico. Además, aproximadamente el 18 % de la superficie actualmente construida tienen más de 70 años de antigüedad.

Tabla: Evolución de la superficie de la planta física de la Udelar 1900 – 2021 y m2 por estudiantes

 

1900

1930

1950

2000

2009

2019

2020

2021

Superficie construida (m2)

8.000

50.000

139.605

216.883

290.924

431.308

441.591

443.031

Estudiantes

500

1.786

8.416

70.156

128.456

139.877

143.811

149.668

m2/estudiantes

16

28

16,6

3,1

2,3

3,1

3,1

3,0

 Nota: No se incluyen áreas destinadas a Atención a la Salud

Fuente: Plan de Inversiones de infraestructura edilicia para la Universidad del Futuro, mayo 2010, POMLP DGPlan

 En estas inadecuadas condiciones de infraestructura edilicia,  los docentes, estudiantes y funcionarios de diferentes servicios debemos convivir con numerosos problemas que dificultan el cumplimiento de las tareas asignadas, algunos de los cuales se detallan a continuación:

  • Superpoblación estudiantil en las aulas de enseñanza.
  • Docentes y estudiantes de posgrado hacinados en instalaciones inadecuadas para las actividades de enseñanza e investigación.
  • Laboratorios de enseñanza e investigación en condiciones deplorables (en algunos casos en condiciones de riesgo para la integridad física de personas y/o bienes materiales).
  • Inadecuada cantidad y calidad de las infraestructuras destinadas a servicios higiénicos, alimentación o estudio para estudiantes, funcionarios no docentes y docentes.
  • Falta de espacios adecuados para las actividades vinculadas al sistema de cuidados.

Para poder revertir esta situación, resulta impostergable un aumento significativo del presupuesto que la Udelar destina al mantenimiento y modernización de la infraestructura edilicia existente, y especialmente para la culminación y construcción de los nuevos edificios previstos en el Programa de Obras a Mediano y Largo Plazo (POMLP). La falta de presupuesto ha determinado más de 5 años de atraso para la culminación de las obras previstas en el período 2010-2014. En este sentido, se necesita un importante incremento del presupuestal para que el POMLP pueda cumplir con las obras previstas originalmente para el período 2014-2019, las cuales actualmente no cuentan con presupuesto para culminar  o  comenzar las obras previstas. En este caso se destaca la necesidad y urgencia de dar continuidad a los proyectos de construcción de las nuevas sedes para la Facultad de Química y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el área metropolitana, y un nuevo edificio para la sede de la Udelar en el Departamento de Paysandú. Estas obras, y especialmente la de la Facultad de Química (debido a su porte y grado de complejidad), precisan un incremento presupuestal de más de 1000 millones de pesos en dos años, para que se pueda avanzar sustancialmente en la concreción de los proyectos durante este quinquenio.

En lo que tiene que ver con el mantenimiento, ampliación y/o atención de obras críticas, todos los años existen numerosas necesidades insatisfechas, y los escasos  recursos obligan a una constante priorización de obras urgentes en todos los servicios, muchas veces dilatando el deterioro y mal funcionamiento de los locales involucrados. Para tener una idea de esta deficiencia presupuestal, en el año 2021 se pudo cubrir solo el 10 % de la demanda de obra crítica elevada por las diferentes áreas, oficinas central y la Comisión coordinadora del Interior (CCI).  Así mismo, es necesario continuar y profundizar las acciones vinculadas a la accesibilidad universal de los edificios (según la Norma UNIT 200-2018 y 1300-2020), accesibilidad a áreas y edificaciones del patrimonio cultural. Para todo esto, es necesario un aumento del presupuesto destinado al Plan de Obras Regulares (POR), Programa de Obra Critica (POC), Programa de Accesibilidad Universal (PAU) y Programa de Seguridad Contra Incendios (PSCI).

La infraestructura edilicia de una Universidad moderna debe ser más que un simple recinto donde se dictan clases o se concurre a cumplir un determinada tarea. También debe ser un lugar que brinde buenas condiciones laborales a sus trabajadores teniendo en cuenta todos los aspectos (salud, seguridad, satisfacción, posibilidades de desarrollo laboral, etc.), que proteja el equipamiento, mobiliario y demás bienes materiales de la institución, y que posibilite la interacción cultural  entre los trabajadores, estudiantes y la sociedad en general. Para ello, los docentes reclamamos un presupuesto acorde para la mantener y ampliar la infraestructura edilicia de la Universidad de la República.

10- NECESIDAD DE FINANCIAR LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CUIDADOS

Las responsabilidades de cuidado se presentan como una de las principales barreras que interrumpen o limitan las trayectorias académicas de las mujeres, y las aleja de la acumulación secuencial esperable en el ámbito científico. Se ha identificado que la época de mayores exigencias relacionadas al despegue de la carrera profesional suele coincidir con la etapa reproductiva y de mayores demandas en el ámbito familiar. En este contexto, se ha vuelto imperante adaptar e incorporar la dimensión del cuidado a la institucionalidad universitaria.

Actualmente, la Udelar se encuentra transitando una transformación de su estructura organizativa hacia un modelo corresponsable de cuidados. Incluir la dimensión de cuidados en el ámbito universitario significa deconstruir y desnaturalizar prácticas que contribuyen a sostener y perpetuar una situación desigual entre varones y mujeres.

En este sentido, ADUR ha venido impulsado la formalización y concretización de un modelo de cuidados integral y de calidad dentro de la Udelar. Se focalizaron esfuerzos en la promoción y sustento de una maternidad y paternidad armoniosas, que permitan la continuidad del desarrollo profesional de las madres trabajadoras universitarias, así como la continuidad de la lactancia en los primeros años de vida.  

Por otra parte, se entiende que dichas acciones propenden a procesos de transformación en las representaciones sociales relativas a los cuidados. De esta forma, al transformar sus prácticas internas, la Udelar también podrá favorecer estos procesos de transformación en la sociedad en su conjunto.

11- CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA LABORAL LIBRE DE VIOLENCIAS10

Como parte de una sociedad donde existe la violencia estructural, física y simbólica entre otras, la universidad y el sindicato son instituciones donde también se manifiestan, reproducen y cuestionan estas violencias hacia grupos históricamente discriminados. La violencia en los espacios laborales y sindicales se basa en relaciones de dominación sustentadas por asimetrías de poder legitimadas por la negación de derechos de algunas personas. Las prácticas sociales discriminatorias están naturalizadas culturalmente y emergen en situaciones laborales y sindicales.

La construcción de formas justas y equitativas de relacionamiento en el espacio laboral y sindical demandan planes de acción que permitan desarrollar una adaptación a normativas diseñadas para responder a la violencia institucional. Confrontar esta cultura requiere comprender que la violencia, acoso y discriminación están relacionadas con el acceso a derechos laborales, la seguridad y protección en contextos laborales y sindicales. Es responsabilidad del sindicato defender los derechos humanos y luchar contra este tipo de violencias promoviendo la solidaridad, desanimando conductas discriminatorias y sancionando a actores que no respetan estos principios.

Desde ADUR, buscamos contribuir a la transformación cultural con perspectiva de derechos humanos para construir relaciones laborales y sindicales libres de violencias basadas en el reconocimiento y compromiso con la dignidad de todxs. Apostamos por cambios profundos en los tipos de vínculo social en nuestro lugar de trabajo y militancia gremial para generar relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la valoración de la diversidad. Nos comprometemos a trabajar en la transformación de esta cultura desde nuestras prácticas cotidianas en el salón de clase, en las reuniones y comisiones sindicales y en las comisiones de la universidad, así como en otros espacios donde participamos. Asimismo, queremos promover desde nuestro lugar en el cogobierno un compromiso a nivel institucional a integrar un análisis crítico con perspectiva de género que construya ámbitos de reflexión, refuerce estructuras administrativas, prácticas institucionales y formación para concretar estos objetivos.

12- IMPACTOS SOBRE LA UDELAR DEL MENSAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO AL PARLAMENTO

En la tarde del 30/06/22 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento su mensaje de rendición de cuentas. La primera lectura del articulado superó a los pronósticos más pesimistas. Para decirlo de modo sintético: el Poder Ejecutivo se olvidó de la Udelar, salvo para quitarle presupuesto y recortarle derechos. Veamos, el mensaje enviado al Parlamento, en relación a la Udelar, contiene:

  • Ausencia del inciso Udelar entre las partidas incrementales. Es decir: congelamiento del actual presupuesto, que se encuentra depreciado por la inflación. De confirmarse este congelamiento, al final del quinquenio, el presupuesto de la Udelar habrá caído 7,6 puntos.
  • Un plan de “recuperación” salarial que en principio se quedaría muy por debajo de lo perdido (si no se llega a acuerdo tripartito, el gobierno plantea recuperar 2,9 para el fin del período, cuando la pérdida será de 7,9; si se llega a acuerdo tripartito, la recuperación que el gobierno plantea es de 5,7 puntos), y que está por debajo de lo que acordó en negociación colectiva con ANEP. Con esto se profundiza la situación de que los salarios universitarios, que son los más bajos de la educación pública, serán más bajos aún.
  • Una importante pérdida de presupuesto por vía de la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad. Se calcula esta pérdida en 15 millones de dólares anuales, lo cual equivale - para dimensionar la cifra – a la totalidad del presupuesto de las facultades de Veterinaria o Ciencias Económicas.
  • Una pérdida de derechos, ya que se plantea equiparar el régimen de licencias por enfermedad al existente en el sector privado (esto es, los primeros tres días de falta por enfermedad el/la trabajador/a ya no los cobraría; y luego en los días restantes se cobraría sólo un 75% del salario base).
  • Una exclusión del Hospital de Clínicas entre las partidas incrementales que se realizan para ASSE.
  • Una inversión absolutamente insuficiente para el sistema de ciencia y tecnología (4.285.714 de dólares para la ANII, y 10 millones de dólares “a distribuir innovación”, sin informar en qué programas e instituciones se destinarán y gestionarán esos fondos).
  • La reincorporación de un artículo, rechazado en la rendición de cuentas de 2021, por el cual la Udelar debería aportar (la redacción es confusa) hasta un 20% de cada enajenación de inmuebles propios al programa de asentamientos.

De confirmarse estos lineamientos, todas las tendencias alarmantes analizadas en este documento, se profundizarán.

13- LINEAMIENTOS DE ADUR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Los aportes de la Universidad a la sociedad son múltiples y permanentes. Algunos de ellos se hicieron particularmente visibles en la emergencia sanitaria y social. Los ejemplos son muy numerosos, tanto como áreas de conocimiento se cultivan en la Udelar en todo el país.  Gracias a las capacidades construidas en/por la Udelar, en relación con otras instituciones, el país pudo contar con respuestas adecuadas, soberanas y urgentes (como los test de diagnóstico rápido, los laboratorios de testeo y la producción de hisopos) en un contexto en que la geopolítica del conocimiento de la globalización capitalista profundizó la desigualdad de acceso a estas innovaciones e insumos. Pero además de ese ejemplo, los y las docentes de la Udelar, profundizaron su trabajo de estudio, extensión y asistencia en diferentes áreas: la atención a la salud, las problemáticas sociales y económicas que impactaron desigualmente en la sociedad, las problemáticas psicosociales y subjetivas, la colaboración con las instituciones educativas, el trabajo junto a organizaciones sociales que llevaron adelante ollas populares, merenderos y canastas, las problemáticas de violencia de género incrementadas por las medidas de cuarentena, entre otros muchos ejemplos. Todo esto fue realizado sin dejar de realizar las actividades normales de la institución en relación a los sistemas productivos, de salud, educativo, las políticas sociales, y las organizaciones sociales. Todo esto fue realizado en base a un esfuerzo y desgaste enorme de los y las docentes de la Udelar, que además sostuvimos los cursos en modalidades virtuales, mientras la matrícula daba un salto de crecimiento histórico. En ese contexto, en lugar de apoyar a la Universidad y atender la situación de sus trabajadores/as, en 2021 se nos congelaron los salarios con el argumento de que la crisis económica había retraído la economía.

Hoy, que el PBI crece con proyecciones de mayor crecimiento, mientras se registran récords de exportaciones, rentas extraordinarias de algunos sectores agro-exportadores y aumento de la capacidad recaudadora del Estado, ¿cómo se justifica que se congele el presupuesto universitario y se consolide la pérdida salarial de los/as trabajadores/as? La política presupuestal del gobierno para con la Universidad consolida una situación por la cual los/as docentes atendemos más estudiantes, realizamos más cursos de posgrado y más proyectos de investigación y extensión, mientras somos la misma cantidad y ganamos cada vez menos.

En esta rendición de cuentas se vuelve prioritario la defensa del salario docente y de las condiciones de estudio y trabajo en la Udelar. Dos indicadores son muy ilustrativos sobre estas urgencias:

  1. La pérdida de salario real sostenida en el tiempo, pérdida que calculamos en 7,96%.
  2. El aumento de la matrícula estudiantil en los últimos dos años. Sólo en 2021 la matrícula estudiantil creció 16% (cuando la tasa de crecimiento interanual en el ingreso de estudiantes había sido de 4,2% en el último lustro), mientras que la cantidad de horas y cargos docentes no aumentó.

Esto genera una sobrecarga de trabajo docente (que en la pandemia se vio incrementada aún más), y un deterioro de la relación entre la cantidad de horas docentes y cantidad de estudiantes, lo cual repercute negativamente en la calidad de la enseñanza.

Para esta rendición de cuentas es necesario:

  • La recuperación salarial completa.
  • Contar con más horas y cargos docentes para atender el crecimiento de la matrícula.
  • Contar con fondos para financiar la implementación del Nuevo Estatuto de Personal Docente que permitirá proyectar la carrera docente en la UdelaR, propender a la profesionalización de la actividad académica, y superar situaciones consolidadas de precariedad, que tienen una expresión desigual según género.
  • Reforzar los fondos para investigación, y en general los que permitan retener a las y los jóvenes que se están formando a nivel de posgrado y quieren continuar una carrera académica en la universidad.
  • Reforzar los fondos para los proyectos de extensión y colaboración con la sociedad.
  • Generar más becas para estudiantes de grado, para seguir democratizando el acceso a la educación.
  • Fortalecer la inserción de la Universidad y de su Hospital de Clínicas dentro del SNIS, como centro de referencia y herramienta para la atención integral de la salud de toda la población y particularmente los sectores de menores ingresos.
  • Junto con esto, es necesario un incremento presupuestal que permita financiar el plan de desarrollo edilicio (que también está basado en las proyecciones de crecimiento de la matrícula, además de atender el deterioro de los edificios existentes) para seguir abriendo posibilidades de estudio en condiciones adecuadas a cada vez más jóvenes en todo el país.
  • A su vez, es necesario financiar la estrategia integral de cuidados que se está impulsando en la Udelar, para construir mejores condiciones de trabajo, más justas e igualitarias.

Todos estos aspectos son esenciales para fortalecer la educación universitaria pública gratuita de nuestro país conectada a los problemas nacionales, y poder ofrecer posibilidades de desarrollo a muchos jóvenes que hoy se forman en la Udelar y migran a universidades del exterior, que los reciben con los brazos abiertos. La postergación del salario docente, la precariedad de nuestros grados de inicio a la carrera docente, son dos rasgos de nuestra situación actual, que es urgente atender y superar. Un país que debilita a su Universidad pública, corta la rama en la que está parado.


[1]Jason Hickle (2020) “Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon diaxide emissions in excess of the planetary boundary. Lancet Planet Health 4:e399-404.

[2] Jason Moore (2020) El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Madrid: Traficantes de Sueños.

[3] Iddri Lucas Chancel y Thomas Piketty (2015) “Carbon and inequality: from Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of carbon emissions (1998-2013) and prospects for an equitable adaptation fund”. Paris School of Economics.

[4] ONU Medio Ambiente, International Resource Panel (2019) Panorama de los recursos globales. Resumen para los responsables de formular políticas. https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

[5] Jason Hickel, Christian Forniger, Hanspeter Wieland, Intan Suwandi (2022) “Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the Global South through unequal exchange, 1990-2015”, Global Environmental Change 73

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937802200005X?via%3Dihub

[6] Jason Hickel, Daniel O’Neill, Andrew Fanning, Huzaifa Zoomkawala (2022) “National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970-2017”. Lancet Planet Health 6:e342-49.

[7]Véase por ejemplo los documentos de la Confederación de Cámaras Empresariales, teniendo como primer documento fundante “DESAFÍOS EN MATERIA DE COMPETIVIDAD: Una mirada desde la óptica empresarial” de 2016.

[8]Azar, P.; Bertoni, R. (2007) “Regímenes Fiscales en Uruguay durante el siglo XX. De los hechos estilizados a la interpretación de la realidad”. Quantum, v.: 1, p.: 43-60.

[9] Lucía Cavallero y Verónica Gago (2020) “Endeudar para gobernar: sobre el extractivismo financiero hacia los sectores subalternos”. Revista de investigación Cronía 16(20):49-59.

[10] Este capítulo retoma aportes del documento de la Comisión Cultural Libre de Violencias