Declaración sobre los acuerdos multipartidarios sobre educación

Ante los sucesivos encuentros multipartidarios efectuados durante este verano y el acuerdo firmado el jueves 23 de febrero, la Asociación de Docentes de la  Universidad de la República manifiesta:

• ·Su apoyo a la idea de llegar a acuerdos amplios en materia educativa que sirvan de base a la  construcción de una política de Estado. En este sentido, valoramos positivamente que los partidos políticos pongan el tema educativo entre sus principales prioridades. Sin embargo, entendemos que acuerdos que involucren exclusivamente a los partidos políticos (o sus cúpulas dirigentes) y no una base más amplia de actores sociales serán acuerdos débiles que difícilmente impliquen los cambios sustantivos que nuestro sistema educativo requiere. La educación no es un problema exclusivo de los docentes, pero tampoco puede ser un problema exclusivo de los partidos políticos. Por eso, llamamos a realizar y participar del Congreso Nacional de Educación, previsto por la Ley de Educación.

• ·Manifestamos nuestra enorme preocupación por la superficialidad de las propuestas formuladas tanto por parte de la oposición como por actores del gobierno. Las diversas propuestas planteadas como el doble voto otorgado al Presidente del CODICEN, muestran un nivel de improvisación tal que no le hace bien al sistema y no atacan los problemas de fondo de la educación.

• ·Valoramos muy positivamente que el sistema político haga suya la idea de diversificar institucionalmente la enseñanza pública terciaria. Planteos en ese sentido en el seno del Estado uruguayo han sido aprobados (hace tiempo ya) por la Universidad de la República. Sin embargo, dichos planteos no se han instrumentado por demoras tanto en el ámbito educativo como político. En particular, sorprenden las demoras para implementar la creación de las dos instituciones ya previstas en la Ley de Educación: Instituto Terciario Superior e Instituto Universitario de Educación, como se detalla más abajo.

• ·El llamado acuerdo educativo, no dice nada sobre uno de los mayores desafíos  de la educación nacional: la formación de profesores y maestros; el tema no se menciona ni siquiera a modo de diagnóstico. Se omite mencionar, incluso, fórmulas ya aprobadas por el Parlamento, como la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE). Los desafíos en este proceso son los de, rescatando la experiencia nacional en la materia, constituir una institución de nivel universitario, integrada al resto del sistema para acrecentar el nivel académico y aumentar el número de profesores y maestros. Esto requiere iniciativas legales, presupuestales y de gestión no abordadas en el acuerdo multipartidario.

• ·En relación a la atención de los déficits que muestra la Educación Técnica resulta extremadamente preocupante el nivel de improvisación de algunas de las propuestas formuladas durante este verano. El país debe fortalecer su formación técnica y es bueno que cree una nueva institución de nivel terciario con ese fin. Así está previsto en la Ley de Educación mediante la creación del Instituto Terciario Superior (ITS), que cuenta con un documento de implantación remitido (en mayo del 2010) por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (CCSNEP) al Poder Ejecutivo para que, en base al mismo, presente un anteproyecto de ley orgánica, hecho que se produjo recién en octubre del 2011. Preocupa que lo avanzado en ese sentido se pierda en un sinfín de propuestas aisladas que impiden visualizar cómo se vincularán las diferentes instituciones dedicadas a la enseñanza técnica, tanto a nivel de la enseñanza media, técnico-profesional como terciaria y universitaria. Más allá de nombres que se manejen para la nueva institución, es indispensable que se mantengan los objetivos: dar una enseñanza técnica pública de calidad, con nivel realmente terciario a un número importante de jóvenes que requieren ese perfil de formación.

• ·Por último, queremos resaltar la incoherencia planteada en el discurso de los partidos de oposición y de buena parte del partido de gobierno, que dicen buscar la mejora de la educación pública nacional, pero piensan que dicha mejora puede lograrse sobre la base del presupuesto actualmente asignado al sector educativo público y de la restricción a la autonomía de los organismos de enseñanza por parte del poder político. Ninguno de los graves problemas del sistema educativo proviene en forma sustantiva de la autonomía (bastante restringida ya, particularmente, en el caso del sistema no universitario); los problemas sustantivos provienen de la falta de adaptación de las políticas y la legislación a los nuevos tiempos y necesidades. Por otra parte, nuestra Asociación valora muy positivamente los aumentos presupuestales asignados al sector educativo desde el año 2005, que han acercado el presupuesto de la educación pública al prometido 4.5% del PBI, sin alcanzarlo. Sin embargo, cualquier comparación, no ya con países industrializados sino con nuestros vecinos, muestra que el país puede y debe acrecentar los fondos que destina a  la educación. Nuestra Asociación estará en la primera línea para defender que dicho dinero sea bien administrado y que redunde en los cambios que el sistema necesita; pero es una falacia imposible de defender con números, suponer que el presupuesto actual es suficiente y más falaz aún prometer  reformas de fondo, sin un aumento sustancial de los fondos destinados a la educación pública.

Montevideo, 27 de febrero de 2012.