8M, educar para la igualdad de género y la justicia social
La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) convoca a todas las compañeras docentes a realizar un paro general de 24 horas, reconociendo la importancia del lugar de las mujeres tanto en el contexto productivo como reproductivo. Asimismo, define un paro total a partir de las 17 horas para que las mujeres puedan participar de la movilización y la apropiación del espacio público. Es por ello que instamos a los varones a asumir las tareas de cuidados en las casas y en los trabajos. Se pretende así, este 8 de marzo paralizar para visibilizar la doble jornada que realizan las mujeres: trabajo remunerado y no remunerado como tareas domésticas y tareas de cuidados.
Reivindicamos que el rol de las mujeres trabajadoras no es solo reconocer su contribución al trabajo remunerado, sino que implica también contemplar las reivindicaciones feministas de reconocimiento al trabajo no remunerado que recae casi exclusivamente en las mujeres y que es históricamente invisibilizado y desprestigiado. Como colectivo docente destacamos la importancia de las tareas de reproducción de la vida que sostienen la capacidad de producción en el contexto laboral universitario y en la sociedad toda, dejando de manifiesto que “Si paran las mujeres, se para el mundo”.
La pandemia atravesó nuestros cuerpos y nuestros espacios, dejándonos a las mujeres en las primeras líneas de atención: como trabajadoras de la salud y de la educación, en las tareas de cuidados en los hogares, en las calles, en la comunidad y en las organizaciones sociales. También nos trajo mayor desocupación y precarización en nuestros empleos. Muchas mujeres fuimos expulsadas del mercado de trabajo, en especial las mujeres afrodescendientes, restándonos autonomía económica y dejándonos en situación de mayor vulnerabilidad. También se observaron los impactos desiguales de la pandemia en las condiciones laborales de las y los docentes.
Esta desigualdad no tiene que ver sólo con esta situación coyuntural. En nuestra universidad existen diferencias estructurales de género. En la Udelar trabajamos alrededor de 5600 docentes mujeres correspondientes al 54% de la plantilla. Sin embargo las docentes mujeres nos encontramos sobrerrepresentadas en los grados más bajos de la estructura académica. Una de las principales desigualdades de género se manifiesta en cargos y horas de trabajo, lo que se traduce en diferencias a nivel de remuneraciones, toma de decisiones y jerarquía. En 2021, más del 58% de cargos grado 1 y grado 2 fueron ocupados por mujeres. Por el contrario, el porcentaje de mujeres que ocupaba cargos de grado 5 caía al 34% en el mismo año. Esta situación empeora al observar el universo de docentesque accede a la Dedicación Total y al Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. La menor proporción de mujeres en los cargos de mayor jerarquía refuerza los modelos estereotipados de género en el sistema científico y educativo.
Esto ya fue observado a nivel internacional, en 2016, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano monitor de la Convención sobre todas las formas de Discriminación hacia la Mujer de Naciones Unidas, manifestó al Estado uruguayo que le preocupaba
la escasa representación de la mujer en puestos académicos de alto nivel y en consecuencia recomendó que
“Promueva medidas concretas, incluidas, medidas especiales de carácter temporal,para mejorar la representación de las mujeres en los puestos decisorios en las instituciones académicas y aumentar el número de profesoras en las universidades”1 (párrafos 31 y 32).
Esto último es de particular importancia en las áreas denominadas STEM (sigla en inglés para Science, Technology, Engineering and Mathematics) consideradas las más rígidas a la entrada de mujeres. Dicha recomendación aún está pendiente de cumplimiento ya que no tuvo respuesta por parte del Estado uruguayo.
Si bien reconocemos ciertos avances en la Universidad de la República y en la ANII, como por ejemplo que se han flexibilizado las evaluaciones a docentes que han transitado embarazos o con licencias por maternidad; entendemos que todavía resta atacar profundamente las múltiples dimensiones que originan las brechas de género a lo largo de la carrera académica. La forma en que está organizada nuestra sociedad hace que existan desafíos a nivel de expectativas culturales, posibilidades y oportunidades que están distribuidas desigualmente que resultan en diferencias a nivel del acceso, redes de apoyo y reconocimiento.
Como trabajadoras docentes universitarias entendemos que la situación de los y las docentes como trabajadoras/es, además de la identidad sexogenérica, se ve intersectada por otras formas de dominación. La relación entre la violencia económica y la violencia machista, la racista y la violencia contra identidades y orientaciones sexuales diversas atraviesa nuestra institución y nuestra asociación.
La violencia patriarcal es uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy. Experimentamos a lo largo de nuestra historia algún tipo de estas violencias: abuso, acoso, física, sexual, psicológica o económica. Visibilizar todas las violencias en todos los lugares, desde la violación, al feminicidio o el acoso laboral en la universidad pasando por la violencia simbólica que naturaliza una jerarquía entre identidades sexo-genéricas es una tarea urgente para cambiar prácticas que niegan el derecho a habitar espacios libres de violencias.
En el contexto laboral universitario esta violencia se manifiesta en formas institucionalizadas pero también en conductas y prácticas que organizan nuestra vida cotidiana y relaciones sociales como trabajadoras/es. El acoso afecta negativamente el clima laboral, provoca ausentismo y requiere dedicar tiempo para investigar y resolver los casos (Espasandín y López, 2019).
Para avanzar hacia una sociedad más justa, no basta con el mero reconocimiento de derechos. El machismo se aprende y también se puede deconstruir. Los cambios se generan a través de la adopción de medidas concretas y adecuadas que tiendan a la eliminación de la discriminación de género y a alcanzar una igualdad real y efectiva.
Las políticas de intervención y prevención de la violencia en nuestro lugar de trabajo han comenzado a poner en evidencia los cambios sociales y culturales que son necesarios para desnaturalizar formas de exclusión y abuso de poder en nuestra comunidad. Por otro lado, los esfuerzos por transformar
estructuras diseñando e implementado una política de cuidados en la universidad han permitido visibilizar las necesidades principalmente de las mujeres en relación a este tema y colaborar con la intergremial para cambiar estructuras que reproducen desigualdades.
En este momento de crisis sistémica y ataque a la vida defendemos nuestros derechos conquistados. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a compartir las responsabilidades de cuidado, a recibir igual remuneración por nuestro trabajo productivo, a habitar espacios libres de violencias y a participar en
las decisiones que impactan nuestras vidas.
En este 8M nos interesa remarcar que la política no es neutral al género. Dadas las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad, todas las políticas públicas tienen efectos diferenciados y las reformas que se introdujeron en la Ley de Urgente Consideración (LUC) no son una excepción. Identificamos un impacto regresivo de la LUC para toda la sociedad, pero en particular para las mujeres y los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. El retiro del rol del
Estado en la corresponsabilidad de cuidados al comprimir la provisión de enseñanza formal en educación inicial y en la extensión del tiempo pedagógico afecta directamente a las mujeres, tradicionalmente encargadas de sostener estas tareas al interior del hogar. En la misma línea de recorte de servicios públicos esenciales opera el ajuste fiscal derivado de la aplicación de la nueva regla fiscal. Para el caso de la vivienda, el nuevo régimen de arrendamientos sin garantías vulnera a esta población arrendataria, que es además la de menores ingresos. De acuerdo a datos de la Encuesta Continua de Hogares, el porcentaje de hogares de jefatura femenina en relación al total aumenta a medida que aumenta la inseguridad en el régimen de tenencia de la vivienda.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la LUC punitiviza las políticas de seguridad pública, cuya ineficacia ha sido ampliamente demostrada. El recrudecimiento de las penas a delitos de microtráfico de estupefacientes recae principalmente en las mujeres pobres, que se sitúan en el eslabón más débil de toda esa cadena. Sin pretender ser exhaustivas en relación a todas las temáticas incluidas en la LUC, entendemos que estas medidas tal cual están vigentes en la actualidad no harán más que profundizar las brechas preexistentes en nuestra sociedad.
En este contexto de regresión de derechos conquistados y de incertidumbre, reivindicamos la importancia de preservar los espacios colectivos como las asociaciones y los sindicatos para defender nuestros logros y seguir construyendo espacios diversos que potencien las luchas por la transformación de la sociedad.
Nuestra apuesta es por la igualdad real de las mujeres y de todas las personas que integran los grupos históricamente discriminados; por justicia social y por una vida digna. Por eso convocamos a los compañeros y compañeras de ADUR a luchar contra todas las violencias, defender los derechos de las mujeres que sostienen la vida a través de su trabajo productivo y reproductivo.
¡Arriba las que luchan!
ADUR, 8M 2022
1 ONU, CEDAW/C/URY/CO/8-9, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Uruguay, 2016.