En la mañana del sábado la delegación universitaria firmó un preacuerdo salarial (con vigencia hasta el 31/12/27) con los representantes del Poder Ejecutivo en la mesa tripartita de negociación colectiva.
Este acuerdo incluye la aceptación de una fórmula de ajuste que permitirá mantener el poder de compra de los salarios, y el otorgamiento de 140 millones de pesos con destino a abatir inequidades salariales de los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad.
Más allá de lo estrictamente salarial, se acordó también la creación de un grupo de trabajo para explorar mecanismos de acceso a la vivienda para todos los funcionarios docentes y no docentes a través de los programas del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, el acceso al Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios o a subsidios de cuota.
Por último, se logró el compromiso de establecer otro grupo de trabajo que explore mecanismos de alivio financiero para aquellos funcionarios con deudas financieras de consumo no durable (“limpia sueldo”), con el objetivo de aumentar su ingreso líquido disponible.
A este resultado se llegó luego de tres reuniones en cuatro días. En la mañana del miércoles, el Poder Ejecutivo había planteado una partida de 80 millones de pesos con destino salarial, algo que los gremios universitarios descartaron. Para el viernes la cifra se había elevado a 100 millones, a pesar de que el día anterior los representantes del Ejecutivo habían advertido que no había margen para aumentar el compromiso presupuestal. La propuesta fue una vez más considerada insuficiente por la delegación universitaria y, finalmente, esa misma tarde el Ministerio de Economía informó que había margen para elevar la propuesta a 140 millones de pesos.
Ese preacuerdo deberá ser refrendado ahora por el gremio en la próxima Convención, que se realizará el miércoles 19 de setiembre.