El pasado 11 de julio participamos de la presentación de los Lineamientos Estratégicos del Sector Público de cara al Presupuesto Nacional, organizada por el Departamento de Estatales y Municipales del PIT CNT.
Los énfasis están puestos en la defensa de la Negociación Colectiva, la calidad del empleo y la necesidad de mayor financiamiento para políticas sociales clave como educación, salud y cuidados.
En la actividad, el economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Da Rocha, definió la administración pasada de Luis Lacalle Pou como “un ciclo económico conservador en el sentido más teórico de sus orientaciones”. Dijo que, si bien existió pandemia, también se constató un “deterioro en las condiciones de vida” y que desde el punto de vista presupuestal “significó una caída de la masa salarial y también de los recursos destinados a las principales políticas públicas, porque se vio resentida la educación, la salud y la vivienda”.
Reconoció que es cierto que Uruguay se caracterizó por “alcanzar más tempranamente los niveles prepandemia, incluso con uso limitado de recursos, lo que permitió de manera inmediata recorrer un nuevo camino de recuperación, la cual fue insuficiente porque los salarios de los trabajadores públicos tuvieron que responder a cronogramas bajo tensiones políticas fuertes que no permitieron, en la mayoría de los casos, alcanzar en un 100% los niveles prepandemia. En materia de recursos y asignación presupuestal hubo políticas claramente golpeadas”.
En cuanto a los vínculos laborales con el Estado, Da Rocha manifestó que “llama la atención que, en el discurso preelectoral del gobierno anterior estuvo sobre la mesa el tamaño y el peso del Estado y la necesidad de reducirlo, sin embargo, los vínculos laborales que tiene hoy el Estado superan a los que había incluso desde que hay registros. Tenemos un poco más de 300.000 vínculos laborales a diciembre de 2024, lo que no significa 300.000 personas, que en realidad son unas 280.000, porque hay personas que cuentan con más de un vínculo laboral con el Estado”. No solo se trata del número, sino también de las características de esos vínculos laborales, que son “más precarios y de peor calidad, y se registran especialmente en la salud y la educación”. También dijo que el sector que acumula más vínculos laborales es la enseñanza; luego le siguen los gobiernos departamentales, la seguridad y defensa, y la salud.
Sobre el cambio en el régimen de las licencias médicas, señaló que “hay un crecimiento sostenido año tras año de las certificaciones médicas, pero no hay estadísticas en las rendiciones de cuenta sobre las causas de esas certificaciones”. De todos modos, aclaró que uno de los organismos que presenta los datos más llamativos -y que suele ser excluido- es el Ministerio del Interior y también la enseñanza, y la causa, en más del 50%, son “problemas de salud mental que son subestimados, tales como la ansiedad y el estrés”. Por ello, planteó que existe un problema a atender en cuanto a la calidad de vida de las personas.
El especialista también se refirió al “gasto tributario” y señaló que, una vez que ingresa el proyecto de Ley de Presupuesto al Parlamento, la discusión en última instancia es “cómo se distribuyen o redistribuyen las asignaciones”.
“Si queremos una torta más grande, para que no tengamos que sacarle a alguien para tener un trozo mayor, entonces tenemos que discutir cómo se financia el Estado, de dónde se obtienen los recursos, y esta discusión es tributaria. Si queremos un Estado de mayor compromiso con las políticas sociales, se requieren más recursos, entonces no hay como un sistema tributario para mejorar la redistribución del ingreso, corregir inequidades y no solamente para obtener recursos para financiar las políticas públicas”. Añadió que las renuncias fiscales “son recursos que no se recaudan y significan menos fondos para financiar las políticas públicas”.
Con posterioridad, Milton Castellano, como integrante del Consejo Tripartito del Sector Privado, manifestó que la discusión del Presupuesto Nacional siempre genera enorme expectativa. “Por ello estamos intentando generar los ámbitos para discutir el Presupuesto de forma integral, no solo desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores públicos, sino también desde los objetivos políticos que se traza el país para los próximos cinco años”. En ese marco, dijo que los objetivos importantes son “establecer políticas que ataquen la pobreza infantil, generar recursos para la educación y priorizar el sistema de cuidados, es decir, una batería de medidas que permitan generar condiciones de mayor equidad e igualdad”.
“Esto lo vemos no solo en el área social, sino también productiva; por eso planteamos la necesidad de crear un ámbito para debatir una Estrategia Nacional de Desarrollo, porque si el Uruguay crece a una tasa de 1% anual, como ha ocurrido en los últimos diez años, entonces no hay posibilidades de desarrollo, y eso está agravado por la profundidad de la pobreza y la desigualdad”, dijo Castellano, y agregó que la Negociación Colectiva en el ámbito público y privado tiene que estar enmarcada también en los grandes desafíos de las distintas áreas como la educación, la salud, la vivienda y el combate a la pobreza.
“Hemos planteado en el ámbito tripartito del sector privado que el ámbito de la negociación tiene que tener la premisa de que ningún trabajador pierda salario real y que, a su vez, todos los sectores de actividad, si la economía crece, acompañen ese crecimiento haciendo hincapié en los salarios más sumergidos”, indicó.
Agregó que el gobierno planteó “los lineamientos por franjas y aumentos de salarios nominales por franjas y con correctivos al año por inflación subyacente (eliminando frutas, verduras y combustibles) y a dos años por inflación completa”.
Castellano hizo hincapié en otros temas que no son salariales, tales como “la salud mental, el sistema de cuidados, las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada, y las plataformas particulares de cada sector”.
Mientras que José Lorenzo López puntualizó que esta etapa marca el comienzo de la Negociación Colectiva para el Presupuesto Nacional. Destacó que el salario, las condiciones de trabajo, el ingreso personal a la función pública, terminar con la precariedad y las tercerizaciones serán parte de lo que estará en la plataforma de la negociación que se encarará con el gobierno. “Es probable que las expectativas que tenemos no sean colmadas, porque luego de un período de ajuste brutal como tuvimos en el anterior gobierno, esperábamos no solo recuperar lo perdido, sino también tener avances sustanciales en cada una de las áreas de las diferentes ramas de actividad del sector público; todo indica que habrá un planteo austero de parte del gobierno, en función de lo que ocurrió en la actividad privada y de los lineamientos que tuvieron los compañeros de las empresas públicas”.
“Los estatales, los trabajadores de la actividad privada y el movimiento sindical en su conjunto pretendemos que el salario no solo se mantenga en su valor real, sino que acompañe el crecimiento que va a tener la economía, y eso, en la actividad privada, para la franja superior no está asegurado, y seguramente el planteo sea similar para los trabajadores estatales. Aparte de negociar, no habrá más remedio que movilizarnos, por eso no se descarta una movilización para los primeros días de agosto, para marcar la cancha y establecer un crecimiento de nuestro salario en función de la economía”, remarcó López.
Fuente: Web del PIT-CNT